La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por unanimidad facilitar las demandas relacionadas con la denominada “discriminación inversa”, favoreciendo a Marlean Ames, una mujer de Ohio que argumenta no haber obtenido un empleo y haber sido degradada por ser heterosexual. Esta decisión, según la Associated Press (AP), afecta a 20 estados y el Distrito de Columbia, donde hasta el momento los tribunales exigían estándares más altos para que los miembros de grupos mayoritarios, como los blancos y heterosexuales, pudieran demandar por discriminación bajo la ley federal.
Ames, una empleada de larga trayectoria en el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio, argumenta que su orientación sexual fue un factor determinante en las decisiones laborales que la afectaron. A pesar de sus más de 20 años de servicio y evaluaciones positivas, sostiene que se le negó una promoción y fue degradada, siendo reemplazada por personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ. En su caso, Ames no logró presentar las “circunstancias de fondo” requeridas por algunas cortes, un estándar que exigía evidencias adicionales si el demandante era parte de un grupo mayoritario.
La decisión del Tribunal Supremo revierte el fallo del Tribunal de Apelaciones del 6° Circuito, que había desestimado la demanda de Ames. Este fallo de apelación había aplicado un estándar que requería una carga probatoria más pesada para miembros de grupos mayoritarios al momento de presentar demandas por discriminación bajo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Este título prohíbe la discriminación laboral basada en sexo, incluyendo la orientación sexual. La nueva sentencia de la Corte Suprema establece que no se debe exigir un estándar más alto para los casos de miembros de grupos mayoritarios, facilitando así las demandas por discriminación inversa.
Implementación de los nuevos estándares
Con su decisión, el Tribunal Supremo ha impactado directamente a las cortes de 20 estados y el Distrito de Columbia, pues estas autoridades jurisdiccionales aún aplicaban el requisito de demostrar “circunstancias de fondo”. Este cambio busca promover equidad en el tratamiento de las demandas por discriminación, sin importar si el demandante es parte de una mayoría o minoría. La sentencia asegura que la carga de la prueba sea homogénea, simplificando el proceso para víctimas de discriminación inversa que buscan justicia.
El caso de Ames subraya un escenario en el que se demandaban pruebas adicionales para progresar en los tribunales, una carga que no se imponía a individuos en grupos minoritarios. Ames había solicitado el puesto de jefa de calidad y mejora, un ascenso que se le negó. Su empleador finalmente designó a una mujer lesbiana para el cargo que no había sido cubierto inmediatamente y, según el equipo legal de Ames, lo obtuvo sin entrevistas ni solicitudes formales, a pesar de ser menos experimentada.
A raíz de no obtener la promoción, Ames enfrentó una decisión delicada: aceptar una degradación sustancial que reducía su salario de 47.22 dólares la hora a 28.40 dólares, o arriesgarse a perder su empleo. Optó por regresar a su puesto inicial de secretaria ejecutiva, al tiempo que su puesto previo como administradora fue otorgado a un hombre gay mucho más joven y con menor experiencia.
Las políticas DEI en Estados Unidos
La decisión del Tribunal Supremo surge en un contexto más amplio donde el gobierno federal había comenzado a desmantelar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en agencias gubernamentales. Esta corriente continuó afectando también al sector privado, donde grandes empresas como McDonald’s, Ford y Walmart han ajustado sus políticas de diversidad en los últimos tiempos, en parte catalizadas por un fallo previo del 2023 de la Corte Suprema que eliminó las preferencias minoritarias en admisiones universitarias.
Los jueces Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron durante las audiencias su preocupación de que requisitos adicionales pudieran suponer una carga inicial injusta, especialmente para los demandantes pertenecientes a grupos mayoritarios. Este punto fue especialmente relevante considerando el contexto de revisiones de políticas de diversidad en diversas organizaciones. Al invalidar el estándar de “circunstancias de fondo”, la Corte permite que todas las reclamaciones bajo el Título VII sean evaluadas sobre bases iguales, sin distinciones de género, clase socioeconómica u otras.
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