Un juez federal en Estados Unidos ha ordenado que más de 100 migrantes deportados a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua tengan la oportunidad de impugnar sus deportaciones.
Según informó The Associated Press, el juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, dictaminó que estas personas, enviadas a una prisión en El Salvador en marzo, no han tenido acceso a un proceso formal para cuestionar las acusaciones en su contra ni las decisiones de deportación.
El fallo sugiere que muchos de los detenidos no tienen vínculos con la pandilla venezolana
El fallo surge tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, que permitió el traslado de los migrantes fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses.
Boasberg señaló que existen “pruebas significativas” que sugieren que muchos de los detenidos no tienen vínculos con la pandilla y que están encarcelados bajo acusaciones “endebles” o incluso “frívolas”. En consecuencia, el juez ordenó al gobierno que facilite un mecanismo para que al menos 137 personas puedan presentar sus impugnaciones, incluso mientras permanecen bajo custodia salvadoreña.
El caso ha estado marcado por una serie de controversias legales
Según detalló The Associated Press, en marzo, el gobierno organizó vuelos para deportar a los migrantes a El Salvador, ignorando una orden previa de Boasberg que exigía su retorno a Estados Unidos.
Este acto llevó al juez a encontrar causa probable de desacato judicial por parte del gobierno. Además, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó un mensaje en redes sociales tras el aterrizaje de uno de los vuelos, afirmando: “¡Uy, demasiado tarde!”, lo que fue interpretado como una respuesta desafiante a las órdenes judiciales estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos intervino posteriormente, dictaminando que cualquier persona afectada por la Ley de Enemigos Extranjeros tiene derecho a apelar ante un juez para cuestionar su designación como enemigo del Estado. Boasberg explicó que su decisión actual se basa en la aplicación de este principio a los migrantes deportados. Según el juez, “claramente se privó” a los migrantes de la posibilidad de impugnar sus deportaciones antes de ser enviados a El Salvador. Por ello, ordenó que los casos sean tratados como si se hubiera proporcionado un proceso adecuado desde el principio.
Preocupaciones ante un patrón repetitivo de errores en las deportaciones
En documentos presentados bajo secreto, el gobierno estadounidense argumentó que los migrantes están ahora bajo el control legal de El Salvador, debido a un acuerdo entre ambos países.
Sin embargo, Boasberg expresó su preocupación por la conducta del gobierno en este caso, señalando que las acciones de la administración han complicado aún más la situación. También destacó un incidente en abril, cuando un vuelo nocturno desde Texas intentó eludir los requisitos establecidos por la Corte Suprema.
El juez comparó este caso con otro en el que el gobierno deportó erróneamente a un hombre de Maryland a El Salvador. En ese caso, los tribunales, incluida la Corte Suprema, ordenaron al gobierno facilitar el regreso del hombre a Estados Unidos. Boasberg subrayó que este tipo de acciones reflejan un patrón preocupante en la gestión de las deportaciones por parte de la administración.
El fallo representa un nuevo capítulo en la prolongada batalla legal sobre el destino de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, una prisión conocida por sus duras condiciones.
Según The Associated Press, el juez ha dado al gobierno estadounidense un plazo de una semana para implementar un mecanismo que permita a los migrantes presentar sus impugnaciones, lo que podría marcar un cambio significativo en la forma en que se manejan estos casos en el futuro.
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