El ciudadano egipcio Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, fue acusado este lunes de cometer un crimen de odio tras atacar con cócteles molotov y gasolina a un grupo de personas que se manifestaban pacíficamente en Boulder, Colorado, en apoyo a los rehenes israelíes retenidos por Hamas. El fiscal federal interino del Distrito de Colorado, J. Bishop Grewell, confirmó que el agresor enfrenta cargos federales que podrían derivar en cadena perpetua, además de múltiples acusaciones a nivel estatal por intento de asesinato.
“El señor Soliman arrojó cócteles molotov contra un grupo de hombres y mujeres, algunos de ellos de más de 80 años, mientras caminaban pacíficamente un domingo para visibilizar la situación de los rehenes en Gaza”, declaró Grewell durante una rueda de prensa. “Cuando fue interrogado, dijo que quería que todos murieran. No mostró remordimiento y afirmó que lo volvería a hacer”, añadió.
Según el Departamento de Policía local, doce personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad. La mayoría ya fue dada de alta. El agresor utilizó cócteles molotov y un rociador agrícola cargado con gasolina que había adaptado como lanzallamas.
De acuerdo con las autoridades, Soliman había planificado el ataque con al menos un año de antelación. Según el fiscal Grewell, el hombre explicó durante su interrogatorio que había intentado adquirir un arma de fuego, pero no pudo concretar la compra porque no era ciudadano estadounidense. Fue entonces cuando recurrió a métodos incendiarios.
Los agentes que acudieron al lugar encontraron 16 cócteles molotov adicionales sin utilizar y una mochila con un rociador de gasolina, lo que, según el fiscal del distrito de Boulder, Michael Dougherty, demuestra el nivel de preparación. “Eso habla por sí solo”, indicó Dougherty, quien también confirmó que la fianza fue fijada en 10 millones de dólares.
Las autoridades confirmaron que Soliman ingresó a Estados Unidos en agosto de 2022 con una visa de turista, la cual expiró en febrero de 2023. Aunque presentó una solicitud de asilo en septiembre del mismo año, su situación migratoria seguía siendo irregular. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se encontraba en el país ilegalmente al momento del ataque.
Videos tomados por testigos y difundidos en redes sociales muestran a un hombre sin camisa, gritando frases como “¡Mueran sionistas!” y “¡Son asesinos!”, mientras el césped a su alrededor arde. En una de las grabaciones se escucha cómo increpa a los manifestantes antes de ser detenido por la policía.
El ataque se produjo en el marco de la festividad judía de Shavuot y se da en un contexto de creciente tensión, menos de dos semanas después de que dos empleados de la embajada de Israel en Washington D.C. fueran asesinados frente a un museo judío por un atacante que también expresó consignas a favor de Palestina.
Desde Nueva York, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, condenó el atentado y advirtió que “el terrorismo contra los judíos no se detiene en la frontera con Gaza, ya está incendiando las calles de Estados Unidos”.
La acusación contra Soliman se da en un clima político tenso. El presidente Donald Trump aprovechó el incidente para criticar las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden.
“El ataque en Boulder, Colorado, NO SERÁ TOLERADO en Estados Unidos”, escribió en su red Truth Social. “Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a los radicales ilegales y antiestadounidenses”.
El actual secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio, también se pronunció.
“Todos los terroristas, sus familiares y simpatizantes que se encuentren aquí con visa deben saber que los encontraremos, les revocaremos sus permisos y los deportaremos”.
El proceso judicial contra Soliman continuará esta semana en Boulder, donde se le imputarán formalmente los cargos federales de crimen de odio con intento de asesinato y múltiples cargos estatales relacionados con el uso de artefactos explosivos. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua, además de enfrentar cientos de años de prisión por los delitos estatales.
(Con información de EFE y AFP)
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