El Gobierno de Donald Trump llevó este martes otra disputa ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, con la esperanza de conseguir el apoyo de los magistrados en su política inmigratoria.
En esta oportunidad, la Administración republicana busca que la Corte deje sin efecto la orden de las últimas horas del juez Brian Murphy que permite a los migrantes impugnar sus deportaciones a terceros países y, por tanto, impide la ejecución inmediata de estos traslados.
La disputa surgió días atrás, cuando el Gobierno determinó que ocho hombres fueran enviados a Sudán del Sur como “tercer país”, dado que habían sido identificados en Estados Unidos en una situación irregular, con antecedentes, y que sus propias naciones -Cuba, Laos, México, Myanmar y Vietnam- se negaban a recibirlos.
Inicialmente, el 19 de mayo, las personas habían sido informadas de que irían a Sudáfrica pero ese mismo día se les informó del cambio de destino.
Según Murphy, este anuncio se hizo a menos de 16 horas de su partida, “la mayoría de las cuales fueron horas no laborales”, y, durante ellas, tuvieron la posibilidad “limitada” de comunicarse con sus familias o abogados.
Asimismo, el magistrado destacó que Sudán del Sur es un país sobre el cual Estados Unidos “ha emitido advertencias severas” de viaje, respaldando así el temor de los deportados de ser enviados a una nación tal, con riesgo de ser perseguidos o quedar en una situación de peligro.
“Dada la totalidad de las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que los demandados pretendían que estos individuos tuvieran alguna oportunidad real de hacer una reclamación válida”, cuestionó Murphy, quien también acusó al Gobierno de estar “fabricando” muchos de los casos contra migrantes e instó a que “la razón prevalezca sobre la retórica”.
La orden del juez no pedía al Gobierno devolver a los hombres a Estados Unidos pero sí sugirió que fuesen sometidos a audiencias en Yibuti, bajo custodia de autoridades estadounidenses.
Enseguida, el Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia en la que denunció que Murphy estaba interfiriendo en sus planes de deportación a terceros países, un proceso que describió como “una tarea diplomática delicada”.
“Estados Unidos se enfrenta a una crisis de inmigración ilegal, en gran parte porque muchos de los extranjeros que más merecen ser deportados son, a menudo, los más difíciles de deportar”, argumentó el procurador general D. John Sauer en una nota enviada a la Corte Suprema.
En ella también denunció la sugerencia de Murphy en lo que respecta a las audiencias y apuntó que el Gobierno “se ha visto ante la intolerable disyuntiva de retener a estos extranjeros pata procedimientos en una instalación militar” fuera de su territorio o de “devolver a estos delincuentes convictos a Estados Unidos”.
“El proceso inventado por el tribunal de distrito ofrece poco más que un retraso. Si bien ciertos extranjeros pueden beneficiarse de retrasar su expulsión, la nación no”, sentenció Sauer en su reclamo a la Corte Suprema.
Este es tan solo el más reciente de los múltiples casos que han llegado a la Justicia desde el inicio de los operativos de inmigración de la Administración Trump, que han generado múltiples preocupaciones en organizaciones de defensa de los derechos humanos por los mecanismos empleados en ellos y las condiciones en los centros de confinamiento.
(Con información de AP, Europa Press y Reuters)
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