
Los estados de California y Minnesota se encuentran en el centro de un debate sobre la cobertura de seguro médico para inmigrantes sin estatus legal, en medio de crecientes desafíos presupuestarios.
Según informó NPR, los gobernadores demócratas de ambos estados han propuesto medidas que limitarían el acceso a estos servicios.
Lo que ha generado una fuerte oposición tanto de legisladores como de defensores de los derechos de los inmigrantes.
California anunció su intención de congelar las inscripciones al programa Medi-Cal

En California, el gobernador Gavin Newsom anunció su intención de congelar las nuevas inscripciones al programa Medi-Cal para inmigrantes no autorizados mayores de 19 años. Esta medida, que entraría en vigor en 2024, permitiría que quienes ya estén inscritos mantengan su cobertura, pero impediría que nuevos beneficiarios accedan al programa.
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Además, Newsom propuso cobrar una prima mensual de 100 dólares a partir de enero de 2026, con excepciones para mujeres embarazadas y casos de emergencia. Actualmente, 1,6 millones de inmigrantes en el estado reciben seguro médico a través de Medi-Cal, un programa diseñado para personas de bajos ingresos.
El anuncio de Newsom ha provocado críticas tanto de republicanos como de miembros de su propio partido. El líder de la minoría republicana en la Asamblea de California, James Gallagher, acusó al gobernador de priorizar el gasto en atención médica para inmigrantes indocumentados.
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Por otro lado, legisladores demócratas, como la senadora estatal Lena González, presidenta del Caucus Legislativo Latino, han expresado su rechazo a la propuesta y han señalado que buscarán alternativas para evitar recortes que afecten a las comunidades más vulnerables.
Expertos y defensores de la expansión de Medi-Cal argumentan que limitar el acceso al programa podría ser contraproducente, ya que las personas sin seguro médico suelen recurrir a las salas de emergencia, lo que genera costos elevados para el sistema de salud. Según NPR, esta fue una de las razones por las que inicialmente se amplió la cobertura, permitiendo que los beneficiarios accedieran a atención médica regular, como consultas y medicamentos.
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Minnesota anuncia cambios en el programa MinnesotaCare

En Minnesota, la situación es similar. El gobernador Tim Walz y los líderes legislativos demócratas han aceptado, como parte de un acuerdo presupuestario, una propuesta que eliminaría el acceso al programa MinnesotaCare para inmigrantes adultos sin estatus legal a partir de 2026.
Aunque los niños seguirían siendo elegibles, esta medida ha generado una fuerte oposición dentro del propio partido demócrata y entre defensores de los inmigrantes. Desde su implementación en enero de 2023, más de 20.000 personas, incluidos unos 3.000 niños, se han inscrito en el programa.
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Durante la presentación del plan presupuestario, un grupo de legisladores demócratas interrumpió al gobernador Walz, acusándolo de “destruir comunidades” y advirtiendo que votarían en contra de la medida.
Walz reconoció las dificultades del acuerdo, pero argumentó que era necesario para abordar un déficit presupuestario proyectado de 6.000 millones de dólares en los próximos cuatro años. La presidenta de la Cámara de Representantes estatal, la republicana Lisa Demuth, defendió la propuesta como un compromiso fiscal necesario, señalando que los inmigrantes aún podrían acceder al mercado privado de seguros.
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Legisladores de Minnesota alertan sobre los efectos de ajustar programas sociales
A pesar de las justificaciones, algunos legisladores demócratas han advertido que podrían bloquear la medida, lo que pondría en riesgo la aprobación del presupuesto estatal antes del 1 de julio.
De no lograrse un acuerdo, Minnesota podría enfrentar un cierre del gobierno estatal. El representante Cedrick Frazier, copresidente del Caucus de Personas de Color e Indígenas de Minnesota, criticó la propuesta, destacando que, aunque se protege a los niños, sus familias quedarían desamparadas.
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Estos debates se producen en un contexto nacional en el que el Congreso está considerando una propuesta para reducir los fondos estatales de Medicaid del 90% al 80% en los estados que ofrecen cobertura a inmigrantes sin autorización. Según NPR, esta posible reducción de fondos ha intensificado las discusiones sobre cómo equilibrar los presupuestos estatales sin afectar a las comunidades más vulnerables.
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