EEUU presentó el primer caso de terrorismo contra un presunto miembro de alto rango del Tren de Aragua

José Enrique Martínez Flores fue acusado en un tribunal federal de Texas de delitos relacionados con drogas, así como de asociación delictuosa para poner a disposición y proveer apoyo material a una organización extranjera designada como terrorista

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Personal militar estadounidense escolta a
Personal militar estadounidense escolta a un presunto miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y la pandilla MS-13 que fue deportado por el gobierno de Estados Unidos para ser encarcelado en el Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT), en el Aeropuerto Internacional de El Salvador en San Luis Talpa, El Salvador, el 12 de abril de 2025 (Secretaría de Prensa de la Presidencia/Handout vía REUTERS)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal por delitos de terrorismo contra un miembro de alto rango del Tren de Aragua, informaron funcionarios el miércoles, en lo que representa el primer caso de este tipo contra un integrante de la pandilla que ha sido designada por el gobierno del presidente Donald Trump como una organización terrorista extranjera.

El caso es parte de un esfuerzo más amplio contra el Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha sido culpada de contrabando de drogas y actos de violencia en Estados Unidos. Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y etiquetó a la pandilla como una fuerza invasora para poder deportar a migrantes venezolanos hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador como parte de su amplia represión en materia migratoria.

El hecho de que el Departamento de Justicia aplique un estatuto penal que en los últimos años había estado reservado primordialmente para grupos extremistas como el Estado Islámico y Al Qaeda subraya hasta qué grado confía el gobierno en una definición sorprendentemente amplia del concepto de terrorismo mientras busca cumplir con una agenda de seguridad nacional que gira en torno al tráfico de drogas y la inmigración ilegal.

“El TdA no es una pandilla callejera, es una organización terrorista sumamente estructurada que echó raíces en nuestro país durante el gobierno anterior”, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un comunicado. “Los cargos de hoy representan un punto de inflexión en cómo este Departamento de Justicia procesará y, en última instancia, desmantelará a esta malvada organización que ha destruido a familias estadounidenses y envenenado a nuestras comunidades”.

José Enrique Martínez Flores, de 24 años, fue acusado en un tribunal federal de Texas de delitos relacionados con drogas, así como de asociación delictuosa para poner a disposición y proveer apoyo material a una organización extranjera designada como terrorista. Los fiscales lo describieron como parte del “círculo interno de liderazgo del TdA” y lo acusan de desempeñar un papel en la distribución internacional de cocaína.

Martínez Flores se encuentra detenido en Colombia a la espera de otros procesos penales. El Departamento de Justicia dijo que enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.

El estatuto de apoyo material ha sido durante mucho tiempo una de las herramientas predilectas del Departamento de Justicia para construir casos contra sospechosos de facilitar las operaciones de un grupo militante, pero que no siempre llevan a cabo actos de violencia.

La adición de Tren de Aragua a la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado le permite al Departamento de Justicia emplear el estatuto contra sospechosos de apoyar a la pandilla.

El anuncio se produce días después de que los fiscales anunciaran lo que, según ellos, era el primer caso por cargos federales de crimen organizado contra la pandilla venezolana.

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Fotografía de archivo en la que se registró la entrada principal del Centro Penitenciario de Aragua, una de la cárceles venezolanas en la que surgió la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que ha extendido su actividad delincuencial por muchos países de América Latina y Estados Unidos, y ante la cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (EFE/Miguel Gutiérrez)

Qué es el Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una organización criminal originada en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua, Venezuela. Su nombre hace referencia a un sindicato vinculado a un proyecto ferroviario inconcluso en la región. A mediados de la década de 2010, bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, la banda consolidó su poder en el interior del penal, donde operaba con un alto grado de autonomía, controlando actividades ilícitas como extorsión, narcotráfico y homicidios.​

A partir de 2018, el Tren de Aragua comenzó a expandir su influencia más allá de las fronteras venezolanas, aprovechando las rutas migratorias utilizadas por millones de venezolanos que huían de la crisis económica y política. Su presencia se ha consolidado en países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia y, más recientemente, en Estados Unidos, donde se ha identificado su actividad en al menos 16 estados.​

En septiembre de 2023, las autoridades venezolanas llevaron a cabo una operación en la cárcel de Tocorón, desmantelando parcialmente la estructura del grupo. Sin embargo, la organización continuó operando desde otras regiones del país y en el extranjero, adaptándose a nuevas circunstancias y manteniendo su capacidad operativa.​

En 2024, el gobierno de Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que permitió la aplicación de leyes más estrictas contra sus miembros. Desde entonces, se han presentado cargos de terrorismo y narcotráfico contra varios de sus integrantes, incluyendo a José Enrique Martínez Flores, arrestado en Colombia y acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista.​

La expansión del Tren de Aragua ha generado preocupación en la región debido a su capacidad para operar en múltiples países y su involucramiento en diversas actividades delictivas. Su estructura descentralizada y su habilidad para infiltrarse en comunidades vulnerables dificultan los esfuerzos de las autoridades para erradicar su influencia y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.​

(Con información de AP)

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