Estados Unidos endurece los requisitos para visas H-1B: estas serán las nuevas reglas

Las autoridades federales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a emitir Solicitudes de Evidencia (RFEs) dirigidas a peticiones de visas H-1B y otras visas basadas en empleo, exigiendo información adicional como direcciones residenciales y datos biométricos de los solicitantes.

Este movimiento, que no había sido reportado previamente, está generando preocupación entre abogados de inmigración y empresas que dependen de este tipo de visas para atraer talento internacional.

El programa de visas H-1B es ampliamente utilizado por industrias como la tecnología, las finanzas y la academia, sectores que dependen de trabajadores altamente calificados provenientes del extranjero.

En 2024, empresas de gran envergadura como Amazon, Google y Meta obtuvieron miles de estas visas, mientras que Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, trajo a cientos de empleados internacionales a través de este programa, según detalló Newsweek.

El programa H-1B tiene un límite anual de 65.000 nuevas visas, con una exención adicional de 20.000 para solicitantes que posean un título de maestría o superior obtenido en Estados Unidos. Este sistema, regulado por el USCIS, es crucial para mantener la competitividad de las empresas estadounidenses en un mercado globalizado.

Sin embargo, las recientes solicitudes de evidencia han generado incertidumbre sobre el futuro de este programa y su impacto en la capacidad del país para atraer y retener talento extranjero.

Nuevas solicitudes y posibles motivaciones

De acuerdo con el medio, las RFEs emitidas por el USCIS incluyen una solicitud explícita de la dirección actualizada del beneficiario y la recolección de datos biométricos. Aunque estas solicitudes no constituyen un rechazo, sí representan un paso adicional en el proceso de adjudicación de las visas, lo que podría retrasar la aprobación de las mismas.

Un adjudicador del USCIS, citado por Forbes y recogido por Newsweek, explicó en una de estas solicitudes: “Hemos encontrado información potencialmente adversa relacionada con el beneficiario. Para continuar procesando su solicitud o petición, requerimos una dirección actualizada del beneficiario para poder recolectar datos biométricos”.

Sin embargo, no se ha proporcionado información específica sobre la naturaleza de esta “información adversa”, lo que ha dejado a empleadores y abogados en un estado de incertidumbre.

Preocupaciones legales y uso de herramientas tecnológicas

El abogado de inmigración Vic Goel, de la firma Goel & Anderson, calificó esta práctica como “altamente inusual”, ya que los datos biométricos no suelen ser requeridos para este tipo de casos. Según Goel, las RFEs tampoco explican claramente la naturaleza de la información adversa, lo que dificulta que los empleadores y sus representantes legales puedan responder de manera efectiva.

Además, sugirió en entrevista con Newsweek que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría estar utilizando herramientas de inteligencia artificial para identificar posibles irregularidades en las solicitudes, basándose en datos provenientes de redes sociales u otras bases de datos gubernamentales.

Por su parte, la organización sin fines de lucro nfpResearch señaló en una publicación en X que estas solicitudes podrían estar relacionadas con planes de la administración Trump para identificar y deportar a personas que se encuentran legalmente en el país.

Las RFEs son un mecanismo estándar utilizado por el USCIS cuando se requiere documentación adicional para evaluar una solicitud. Según las directrices de la agencia, estas solicitudes deben detallar los criterios de elegibilidad que no se han cumplido, explicar por qué la documentación existente es insuficiente y sugerir qué evidencia adicional podría satisfacer los requisitos.

Aunque este proceso brinda a los solicitantes la oportunidad de fortalecer sus casos, también puede ser un indicativo de áreas problemáticas que requieren atención inmediata.

Según datos de Inside Higher Education, más de 240 instituciones educativas han reportado que, hasta el 18 de abril, al menos 1.550 estudiantes internacionales y graduados recientes han visto alterado su estatus legal por decisiones del Departamento de Estado.

Aunque Trump expresó en el pasado su apoyo a las visas de trabajo, especialmente las H-1B, las acciones de su administración han sido interpretadas como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la inmigración legal.

Este enfoque ha generado críticas por parte de empleadores y defensores de la inmigración, quienes argumentan que estas políticas podrían socavar la capacidad de Estados Unidos para competir en un mercado global que depende cada vez más de la innovación y el talento internacional.