Exfuncionario de San Diego denuncia discriminación tras ser excluido de ascenso por no ser hispano ni afrodescendiente

Un nuevo caso legal apunta a posibles irregularidades en el gobierno del condado de San Diego, donde Michael Vu, exsubdirector administrativo adjunto, presentó una demanda por discriminación racial, represalias y difamación después de no haber sido promovido al puesto de director administrativo (CAO). De acuerdo con las revelaciones de NBC News, el exdirectivo asegura que su exclusión fue resultado de prácticas discriminatorias en favor de personas de color, específicamente de origen hispano o afrodescendiente, ignorando su candidatura a pesar de ser el recomendado principal por su antecesora, Helen Robbins-Meyer, quien considera que él era el mejor calificado para el puesto.

Según la demanda, Robbins-Meyer fue un testigo crucial en este proceso, ya que confirmó haber rechazado un supuesto “acuerdo ilegal” propuesto por la supervisora Terra Lawson-Remer, quien habría condicionado su apoyo a Vu si este nombraba a Paul Worlie, un funcionario relacionado con el exsupervisor Nathan Fletcher, como su asistente.

El texto judicial menciona que Robbins-Meyer documentó sus preocupaciones en un informe dirigido a la abogada del condado, Claudia Silva, aunque no recibió ninguna respuesta al respecto.

Las acusaciones por discriminación contra Nora Vargas, exsupervisora y también demandada en el caso, generan especial atención debido al contenido de los comentarios que presuntamente realizó. Según el relato de Vu a NBC News, Vargas habría señalado que el puesto debía ser para una “persona de color” y, al ser informada de que él es de origen asiático, respondió: “Eso no cuenta, ellos tienen oportunidades y educación. Necesitamos a alguien hispano o afroamericano”.

Por su parte, Vargas negó categóricamente estas declaraciones el año pasado. “Las acusaciones en mi contra son falsas y contradicen completamente mis valores y trayectoria en el servicio público”, señaló a The San Diego Union Tribune.

El conflicto se complicó aún más con la acusación de difamación, donde Vu asegura que las respuestas públicas de Lawson-Remer y Vargas tras la presentación de su denuncia inicial pintaron una imagen negativa sobre su carácter profesional. De acuerdo con The San Diego Union Tribune, el exsubdirector afirmó en su demanda que estas declaraciones lo retrataron como un empleado “deshonesto y resentido”, lo que ha dañado severamente su reputación y su capacidad de continuar desempeñándose en su área de especialización.

El condado de San Diego, entretanto, defendió su postura afirmando que toma con seriedad las denuncias como la de Vu y reiteró su compromiso por asegurar un espacio laboral libre de cualquier forma de discriminación o represalias. La vocera del condado, Tammy Glenn, declaró a NBC News: “Llevaremos las alegaciones del Sr. Vu ante los tribunales,” en respuesta a las acusaciones legales. Sin embargo, hasta ahora ni la institución ni las personas mencionadas en el litigio han emitido nuevas declaraciones oficiales tras la reciente presentación de la demanda.

Vu, quien previamente se desempeñó como registrador de votantes del condado antes de asumir su puesto como subdirector administrativo en 2021, dejó su cargo en octubre del 2022 después de ser removido de sus responsabilidades con una reducción sustancial en su salario. Según Transparent California, el denunciante recibió un salario básico de más de USD 320.000 dólares durante su último año completo en ese puesto.

En lo que respecta a su sucesora, el cargo de CAO fue finalmente ocupado por Ebony Shelton, una mujer afrodescendiente que asumió oficialmente el puesto el verano pasado, asegurándose así una representación diversa dentro del liderazgo. Esta decisión fue vista por algunos como un ejemplo de políticas inclusivas en el marco de equidad racial, pero también ha sido objeto de cuestionamientos en este caso legal actual, en el que Vu argumenta que tales políticas habrían sido utilizadas de manera injusta y discriminatoria contra él.

Mientras tanto, el caso sigue bajo análisis judicial y ha sido asignado a la juez Carolyn Caietti, con una conferencia de gestión programada para el 12 de septiembre. La demanda busca compensación económica por daños, costos legales, intereses y otras reparaciones.

Lawson-Remer destacó a The San Diego Union Tribune que, “este no es el primer empleado descontento que presenta una demanda tras no haber obtenido un puesto”, mientras que Vargas reafirmó su rechazo a las acusaciones.