
El 24 de febrero de 2025, Merwil Gutiérrez, un joven venezolano de 19 años, fue detenido por agentes de ICE frente a su edificio en el Bronx, Nueva York. Aunque los oficiales reconocieron en ese momento que no era la persona que buscaban, uno de ellos ordenó llevarlo de todos modos, según declaró su padre, Wilmer Gutiérrez, al medio Documented, especializado en comunidades migrantes. Merwil tenía una audiencia de asilo programada para 2027 y no poseía antecedentes penales ni vínculos con pandillas.
Pocos días después, sin previo aviso a su familia ni representación legal, Merwil fue deportado a El Salvador, donde fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel en Tecoluca construida para albergar a miembros de organizaciones criminales como MS-13 y Tren de Aragua. Su padre asegura que el joven ni siquiera tiene tatuajes, uno de los criterios que suelen usar las autoridades para vincular a personas con pandillas. “Siento que secuestraron a mi hijo”, declaró Wilmer a People, tras semanas sin información sobre su paradero.
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La deportación se realizó bajo la Alien Enemies Act de 1798, una ley federal que ha sido utilizada apenas tres veces en la historia de Estados Unidos, siempre en contextos de guerra. El presidente Donald Trump reactivó este mecanismo el 15 de marzo de 2025 para autorizar la expulsión de ciudadanos venezolanos de 14 años o más sospechosos de estar vinculados con el Tren de Aragua, aunque sin requerir pruebas judiciales. El caso de Merwil, quien no figura en ninguna base de datos criminal, ha encendido críticas por la falta de debido proceso y los posibles errores administrativos.
Deportado sin ser el objetivo

Según el relato de Wilmer Gutiérrez a Documented, su hijo fue detenido junto a dos amigos frente al edificio donde vivían en el Bronx. “Uno de los agentes dijo: ‘No, él no es’, como si buscaran a otra persona”, contó. “Pero el otro respondió: ‘Llévatelo igual’”. La familia afirma que Merwil huyó de Venezuela en 2023 con su padre, su primo y su abuelo, tras atravesar Colombia, el Tapón del Darién y México, para luego solicitar protección temporal (TPS) en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One.
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Durante su detención, Merwil fue trasladado a un centro en Pensilvania y más tarde le comunicó a su padre que sería enviado a Texas antes de ser deportado a Venezuela. Esa transferencia nunca ocurrió. Su familia descubrió a través de reportes de prensa que había sido enviado a El Salvador. Imágenes difundidas por medios oficiales del país centroamericano mostraban a prisioneros con la cabeza rapada, encadenados y custodiados por militares en el CECOT, entre ellos, ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
El CECOT es una instalación de máxima seguridad inaugurada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en 2023 como símbolo de su política de “mano dura” contra el crimen organizado. La cárcel, que alberga a más de 40.000 internos, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por las condiciones extremas a las que somete a los detenidos.
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Sin pruebas ni antecedentes

El abogado de inmigración William Parra, de la organización Inmigración Al Día, declaró a People que Merwil fue detenido “por estar con amigos y en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Asegura que ICE no tenía ninguna prueba ni sospecha fundada contra él. “No hay evidencia de que Merwil esté en ninguna pandilla”, afirmó. El testimonio coincide con el del abogado Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, quien señaló en su cuenta de X que el joven “ni siquiera tiene tatuajes”.
Según la administración Trump, la activación del Alien Enemies Act permite detener y expulsar a personas consideradas como amenaza sin necesidad de cargos formales, algo que ha despertado preocupación jurídica. El caso ha sido comparado con la internación de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la misma ley fue utilizada para justificar campos de detención masivos.
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En marzo de 2025, la administración de Trump admitió la deportación equivocada de Kilmar Abrego García, padre de familia residente en Maryland, también enviado al CECOT. Aunque la Corte Suprema ordenó facilitar su regreso, el gobierno estadounidense alegó que ya no tenía autoridad, pues se trataba ahora de un asunto bajo la jurisdicción salvadoreña. En la reunión bilateral no se mencionó el tema ni se planteó la posibilidad de corrección.
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