Rosa María Payá, candidata a la CIDH: “Mi vida ha sido de compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos”

(Desde Washington, Estados Unidos) Rosa María Payá siempre defendió a los derechos humanos, hasta lo hizo en causa propia: su padre Oswaldo Payá fue asesinado por el aparato represivo de Fidel y Raúl Castro, cuando era una opción política sólida para enfrentar al regimen cubano y forzar una transición electoral rumbo a la democracia.

En ese entonces, Rosa María Payá golpeó todas las puertas en América Latina, y ahora protagoniza una inesperada paradoja personal: desea integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el resorte institucional del foro regional que probó que su padre murió por orden de la dictadura castrista.

El 22 de julio de 2012, Oswaldo Payá, Harold Cepero y Ángel Carromero viajaban por el este de Cuba para promover un referéndum que concedería la posibilidad de votar un cambio en el rígido sistema dictatorial impuesto por la dictadura caribeña.

Nunca llegaron a destino: el régimen comunista alegó que Carromero perdió el control del auto y embistió un árbol. Payá y Cepero murieron, mientras que Carromero fue arrestado y sentenciado a cuatro años de prisión por homicidio culposo.

La familia de Oswaldo Payá nunca aceptó la versión oficial de la dictadura cubana, y batalló en todas las instancias para descubrir la verdad detrás del presunto accidente de tránsito.

Casi once años más tarde, la OEA a través de la CIDH terminó una investigación independiente y concluyó que Oswaldo Payá y Harold Cepero habían sido asesinados. El informe de la Comisión aseguró:

1. Lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos.

2. Se identificaron indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, que indica que el automóvil en el que viajaban había sido impactado por un auto oficial, lo cual fue corroborado por un testigo ocular. El Estado no presentó alegatos o negó estos argumentos. En consecuencia, la CIDH estableció que el Estado cubano violó los derechos a la vida, honra y libertad de expresión de ambas personas.

Marco Rubio -secretario de Estado- tiene raíces cubanas y conoce el caso Payá. En ese contexto, al saber que se renuevan tres puestos en la CIDH, Rubio a propuso a María Rosa Payá en nombre de los Estados Unidos, tras un exhaustivo proceso de selección en base a los antecedentes profesionales y académicos.

El círculo se cierra: ella desea integrar el ámbito institucional de la OEA que descubrió la verdad sobre la muerte de su padre Oswaldo. Competirá en la elección contra candidatos presentados por Brasil, Colombia, Perú, Honduras y Bahamas. Hay lugar para tres y se necesitan -al menos- 18 votos de los Estados miembros del organismo multilateral.

Rosa María Payá recibió a Infobae en la sede histórica de la OEA. A continuación, la candidata de Estados Unidos a la CIDH describe sus vínculos con los derechos humanos y su mirada sobre la situación institucional en Venezuela y Haití:

“Mi vida adulta ha sido de compromiso con la defensa y la protección de los derechos humanos, pero también de interacción con todo el Sistema Interamericano de derechos Humanos y específicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo he sido una víctima, yo he visto sufrir y morir a mi familia, he visto sufrir a mis compatriotas por la ausencia de derechos. He traído sus casos ante la CIDH”.

-Estamos hablando del régimen cubano, ¿no?

-Exactamente. Experimenté el sistema como una peticionaria. He visto las debilidades, pero también las muchas luces que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue, por ejemplo, la entidad que le brindó a mi familia la única instancia de rendición de cuentas que hemos tenido por el crimen contra mi padre. Yo creo que mi experiencia como peticionaria, mi experiencia también como miembro activo de la Sociedad Civil de las Américas, trabajando con una red de organizaciones latinoamericanas que están en 20 países de la región por los últimos diez años, llevando sus casos también ante la Comisión, hacen que yo pueda contribuir de manera muy efectiva y muy particular con acercar las voces de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos al trabajo de la Comisión Interamericana.

-¿Cómo lo haría?

-Yo quiero apoyar y contribuir al fortalecimiento del funcionamiento interno de la Comisión, hacerla más eficiente, acortar los tiempos, mejorar los procesos de priorización de casos. Priorizando aquellos que tengan una amenaza sobre la vida del peticionario o aquellos casos que en realidad también iluminan patrones represivos que se dan en otros lugares de la región.

-¿Usted cree que este nuevo escenario global, adonde hay fuertes enfrentamientos geopolíticos, puede afectar el funcionamiento tradicional de la CIDH?

-Creo que las transformaciones que está sufriendo el mundo en este momento presentan nuevos desafíos para el funcionamiento de los espacios multilaterales, que al final del día es también el espacio de la Comisión. Y creo al mismo tiempo que los mecanismos que ya existen en el sistema interamericano son muy útiles para enfrentar los desafíos de la realidad actual.

-¿Qué modificaría si llega a la CIDH para frenar la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela?

-Yo creo que la Comisión ha hecho un trabajo muy responsable y serio con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que debemos, si se quiere, intensificar la sistematicidad con la cual la Comisión llega al Consejo Permanente.

-¿Acelerar las las denuncias?

-Siempre se pueden acelerar las denuncias y acortar los tiempos, pero la comunicación con el Consejo Permanente debe ser más permanente, más sistemático. Al final del día la decisión es de los Estados miembros, pero desde la Comisión se puede iluminar y optimizar ese proceso.

Respecto a la relación entre Argentina y Venezuela hay dos casos puntuales vinculados a los derechos humanos. Por un lado, hay un gendarme llamado Nahuel Gallo que fue de vacaciones y está detenido-desaparecido. Y por otro lado, hay cinco opositores al régimen que están refugiados en la embajada argentina en Caracas y la dictadura venezolana le niega el salvoconducto. ¿Usted que haría respecto a los dos casos?

-Yo creo que hay que seguir insistiendo con esos casos y proteger los derechos de esas víctimas de violaciones a los derechos humanos que están en territorio venezolano.

-El gobierno argentino no sabe adónde está el gendarme y ya ha insistido muchísimas veces para lograr el salvoconducto a favor de los opositores a Nicolás Maduro....

-Lo sé. Conozco muy bien ambos casos. Creo que la Comisión ha tratado ambos casos. Creo que al final del día, la decisión es de los Estados que integran la OEA.

-La situación institucional en Haití es de crisis constante. ¿Cuál es su mirada?

-La situación es tremenda. Es terrible por las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos haitianos, pero también por las implicaciones que tienen a nivel de estabilidad regional. El caso de Haití debe ser una urgencia y una prioridad tanto para la Comisión como para los Estados miembros.