La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló este martes en favor de Donald Trump y anuló dos órdenes de tribunales inferiores que revertían unos 16.000 despidos ordenados por la Administración, como parte de su plan por reducir los gastos del Estado.
Por siete votos contra dos, los magistrados del Alto Tribunal definieron paralizar una decisión de la Corte Federal de California y otra de la de Maryland que databan de mediados de marzo, por lo que todos los empleados de agencias estatales incluidos en estos casos fueron puestos en baja administrativa.
En el caso de Maryland, luego de conocerse el despido de trabajadores de 18 agencias, la justicia local ordenó la reincorporación de los damnificados, con una vigencia para su ejecución de 14 días.
Sin embargo, hace casi dos semanas, 19 fiscales generales estatales del Partido Demócrata interpusieron una nueva demanda, lo que exigió una extensión del período.
El juez James Bredar dio lugar al nuevo plazo pero planteó dudas sobre su competencia a la hora de dictar una orden de alcance nacional, que también afecta a los otros 31 estados que no forman parte de la demanda.
Tras esta medida, el Supremo evaluó el caso y definió pausar la aplicación de la orden antes dada, por considerarla inapropiada.
En tanto, en el caso de California, varias ONGs pidieron a la Justicia federal la reincorporación a las respectivas administraciones de trabajadores “en período de prueba” de los departamentos de Energía, Defensa, Tesoro, Interior, Agricultura y Asuntos Veteranos.
Si bien en un primer momento los magistrados dieron el visto bueno a la solicitud, con ejecución en un plazo de siete días, en las últimas horas el Tribunal Supremo revisó el caso y definió que la Corte del Distrito se había basado “únicamente en alegaciones de nueve organizaciones sin ánimo de lucro” para fallar, algo que “según el derecho, es actualmente insuficiente”.
Los despidos en la Administración estadounidense, una de las acciones impulsadas por el empresario Elon Musk desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), han estado en el ojo de la tormenta desde su anuncio.
En reiteradas instancias, la cuestión se ha llevado ante los Tribunales, normalmente con denuncias contra el Gobierno por no haber cumplido con el protocolo pertinente para la terminación de los contratos, que incluye entre otras una notificación de 60 días.
También se objetó, en muchos casos, la real competencia legal de las Oficinas involucradas en la ejecución de estas acciones.
El principal grupo afectado por esta medida fue el de los trabajadores en períodos de prueba, cuyos contratos eran más inciertos.
La economista Barbara Denham advirtió que la continuidad de esta política podría llevar a consecuencias negativas en el país, que posiblemente se sientan en la segunda mitad del año.
“Creemos que habrá una ralentización del crecimiento del gasto de los consumidores, pero por ahora no lo vemos reflejado en nuestras proyecciones. Solo en el mercado de Washington, donde estamos viendo una verdadera recesión”, explicó.
La Casa Blanca, sin embargo, defiende las medidas de Musk y, por el contrario, considera esta postura de los tribunales federales como “un intento de interferir en el poder del presidente para contratar y despedir empleados” e, inclusive, la ha tildado como “absurda e inconstitucional”.
Es por ello que el fallo de este martes de la Corte Suprema representa una importante victoria para el republicano y su agenda de recorte de fondos públicos, pese a la oposición de múltiples sectores.
(Con información de EFE y Europa Press)
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