Un nuevo proyecto de ley en Texas ha generado controversia al proponer que cualquier persona que desee adquirir juguetes sexuales en línea deba presentar una identificación oficial con fotografía para verificar que tiene al menos 18 años.
Según informó People, esta medida, impulsada por la senadora estatal Angela Paxton, esposa del fiscal general del estado, busca clasificar estos productos como “dispositivos obscenos” y regular su venta a través de plataformas digitales.
De acuerdo con el proyecto de ley SB 3003, no bastará con utilizar una tarjeta de crédito para realizar estas compras, a pesar de que en Estados Unidos las tarjetas de crédito solo pueden ser emitidas a mayores de edad.
En su lugar, los compradores deberán proporcionar una identificación oficial o recurrir a un servicio externo de verificación de edad. Esta propuesta ha suscitado críticas por parte de expertos y activistas, quienes advierten sobre posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de ciertos grupos, como las personas transgénero.
Actualmente, la legislación de Texas ya establece restricciones sobre la posesión de juguetes sexuales. Según el Artículo 43.23 del Código Penal del estado, es ilegal poseer más de seis dispositivos clasificados como “obscenos”.
Este término, definido en el Artículo 43.21 del mismo código, incluye objetos como consoladores o vaginas artificiales diseñados principalmente para la estimulación de los órganos genitales humanos. Aunque esta normativa fue declarada “inaplicable” en 2022, sigue vigente en el estado.
Críticas y antecedentes históricos
La autora Hallie Lieberman, experta en la historia de los juguetes sexuales, expresó su preocupación ante esta iniciativa. En declaraciones recogidas por People, Lieberman afirmó que la propuesta representa un retroceso en el tiempo, recordando cómo en el pasado estos dispositivos eran comercializados como herramientas médicas para evadir leyes de obscenidad.
Según explicó, los vibradores se promocionaban como aparatos para aliviar la ciática, mientras que los tapones anales se vendían como remedios para el asma.
Lieberman también destacó que, aunque estos dispositivos tienen beneficios médicos comprobados, la nueva legislación podría generar un impacto negativo en la privacidad de los consumidores.
“El gobierno no debería tener un registro de los juguetes sexuales que compramos”, señaló. Además, advirtió que esta medida podría ser especialmente peligrosa en un contexto político donde las personas transgénero enfrentan crecientes restricciones y discriminación.
Beneficios médicos y preocupaciones sobre privacidad
La Biblioteca Nacional de Medicina ha documentado que los juguetes sexuales pueden ofrecer beneficios terapéuticos en el tratamiento de diversas disfunciones sexuales, como la disfunción eréctil, la anorgasmia y las dificultades eyaculatorias.
También se ha demostrado su utilidad en el manejo del dolor vulvar y los problemas del suelo pélvico. Sin embargo, según Lieberman, el riesgo de que el gobierno registre las compras de estos dispositivos podría disuadir a muchas personas de acceder a ellos, especialmente a quienes pertenecen a comunidades vulnerables.
Según People, en sus declaraciones, Lieberman subrayó que, en un país donde las políticas gubernamentales han negado la existencia de las personas transgénero y las han excluido de instituciones como el ejército, permitir que el estado rastree las compras de juguetes sexuales diseñados para este grupo podría tener consecuencias graves.
Sanciones para minoristas y posibles implicaciones legales
El proyecto de ley también establece sanciones para los minoristas en línea que no cumplan con los requisitos de verificación de edad. Según detalló People, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 5.000 dólares y ser acusadas de un delito menor de Clase A si no implementan los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Aunque la propuesta aún debe ser debatida y aprobada, su presentación ha reavivado el debate sobre la regulación de los juguetes sexuales en Texas y las implicaciones que estas medidas podrían tener para la privacidad, la seguridad y los derechos de los consumidores.
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