Este nuevo requisito para cobrar el Seguro Social provoca malestar y temores entre adultos mayores

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció que, a partir del 31 de marzo, quienes no logren verificar su identidad a través del sistema digital “my Social Security” deberán acudir en persona a una oficina del SSA para completar el proceso. Esta medida se aplicará tanto a nuevos beneficiarios como a quienes necesiten actualizar información bancaria o verificar datos de menores dependientes que reciben beneficios del programa.

La decisión coincide con el cierre progresivo de al menos 47 oficinas del Seguro Social en todo el país, 26 de las cuales cerrarán durante 2025, según un análisis de la agencia AP basado en información del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca (DOGE, por sus siglas en inglés).

El anuncio ha generado rechazo entre legisladores, organizaciones de defensa de los adultos mayores y beneficiarios del sistema, quienes advierten que las nuevas exigencias podrían convertirse en barreras insalvables para una población vulnerable que, en muchos casos, depende exclusivamente de este ingreso para sobrevivir.

Reacciones de congresistas, organizaciones y ciudadanos afectados

Un grupo de 62 representantes demócratas envió una carta al comisionado interino del SSA, Leland Dudek, expresando su preocupación por el impacto que las medidas podrían tener en adultos mayores de zonas rurales o personas sin acceso a internet.

“Requerir que los beneficiarios usen exclusivamente canales digitales o acudan presencialmente a una oficina del SSA impondrá obstáculos adicionales, especialmente para quienes viven lejos de estos centros”, señalaron los legisladores.

Nancy LeaMond, directora de defensa y compromiso de AARP, calificó la medida como “una sorpresa total” y “con una implementación apresurada e impráctica”. Advirtió que eliminar la verificación telefónica conllevará tiempos de espera más largos y dificultades adicionales para resolver asuntos rutinarios de atención al cliente.

Sandi Bachom, una beneficiaria de 80 años residente en Nueva York, expresó su temor: “¿Qué pasaría si no recibo ese cheque? No tengo familia, todos murieron. No hay nadie que me cuide”. La mujer, exproductora de documentales, afirmó que el Seguro Social “le salvó la vida” tras perder un empleo bien remunerado y enfrentar dificultades económicas.

Argumentos del gobierno y cifras sobre fraude

La administración del presidente Donald Trump sostiene que los nuevos requisitos buscan reducir el fraude y el desperdicio en el sistema. Harrison Fields, vocero de la Casa Blanca, afirmó que con esta medida se está “protegiendo a los adultos mayores”.

Dudek, el comisionado interino del SSA, justificó los cambios al señalar que cada año se registran pérdidas por hasta 100 millones de dólares debido a fraudes en depósitos directos. No obstante, según un testimonio ante el Congreso de un funcionario de la Oficina del Inspector General del SSA en mayo de 2023, entre 2013 y 2018 se desviaron 33,5 millones de dólares mediante cambios no autorizados en la información de depósitos, afectando a unos 20.000 beneficiarios.

El SSA administra anualmente cerca de 1,6 billones de dólares en beneficios por jubilación e incapacidad. La eliminación del servicio de verificación por teléfono afectaría especialmente a familias con hijos beneficiarios, ya que los menores no pueden abrir cuentas en línea en el sistema “my Social Security”.

Nancy Altman, presidenta de la organización Social Security Works, advirtió que las nuevas medidas dificultarán el acceso a los beneficios ganados por los ciudadanos, generarán retrasos sustanciales y podrían sobrecargar las oficinas presenciales al punto de provocar un colapso del sistema.

Preocupación en estados con población vulnerable

En estados como Kentucky, el gobernador Andy Beshear expresó su preocupación por el impacto que la nueva política tendrá sobre los adultos mayores con ingresos fijos y escasos recursos para desplazarse.

“Algunos de nuestros ciudadanos más longevos tendrán que viajar horas solo para resolver cuestiones básicas”, afirmó. “El gobierno federal tiene la obligación de proporcionar los recursos necesarios para atenderlos de manera adecuada. No se trata de excluirlos”.

Beshear también criticó la influencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Elon Musk, quien ha promovido recortes masivos y teorías desacreditadas sobre el Seguro Social. Musk ha calificado el sistema como un “esquema Ponzi” plagado de fraude.

Organizaciones como AARP y Social Security Works piden mayor transparencia por parte de la agencia, participación de los usuarios en las decisiones y una moratoria a los cierres de oficinas hasta que se garanticen canales de atención accesibles y adecuados para toda la población beneficiaria.

Mientras tanto, beneficiarios como Bachom temen por la continuidad de sus ingresos mensuales: “Estamos todos asustados”, dijo. “Y no deberíamos tener que vivir con miedo a esta edad, temiendo que nos quiten lo poco que tenemos”.