El cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido planteado como una medida necesaria para corregir el enfoque de la política exterior de Estados Unidos. La propuesta argumenta que la ayuda exterior no ha logrado su objetivo de promover el crecimiento económico y que su gestión debería trasladarse al Departamento de Estado para centrarse exclusivamente en asistencia humanitaria y de emergencia.
Según una publicación del Cato Institute, firmada por Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de la organización, la ayuda exterior estadounidense ha acumulado décadas de fracasos en términos de desarrollo económico. “Uno de los objetivos centrales –la promoción del crecimiento económico– ha sido un fracaso”, sostiene Vásquez, quien argumenta que el gobierno estadounidense debería replantear por completo el programa de asistencia exterior.
El texto señala que la ayuda exterior ha perseguido múltiples objetivos, muchas veces contradictorios, incluyendo la promoción de la democracia, la estabilidad y los intereses geopolíticos. Sin embargo, diversos estudios indican que la asistencia económica no ha generado un impacto positivo en el desarrollo. Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2005 concluyó que “no existe correlación entre la ayuda y el crecimiento económico”. A su vez, un estudio del Banco Mundial de 2007, basado en datos de 108 países entre 1960 y 1999, halló que la asistencia externa “tiene un impacto negativo” en las instituciones políticas y la democratización.
El presupuesto de USAID en el año fiscal 2024 alcanzó los 32.000 millones de dólares, lo que representa menos del 1% del gasto federal total de 6,75 billones. De ese monto, 17.400 millones se destinaron a asistencia sanitaria y humanitaria, mientras que 7.800 millones fueron asignados a desarrollo económico. “La ayuda que se destina a países con políticas deficientes e instituciones débiles puede, en realidad, perjudicar el crecimiento”, afirma Vásquez, señalando que en ocasiones el financiamiento fortalece regímenes cuyos modelos de gobernanza afectan negativamente el desarrollo.
Diversos expertos han advertido sobre las consecuencias negativas de la ayuda exterior en países con gobiernos frágiles o con instituciones débiles. El economista y premio Nobel Angus Deaton, en su libro The Great Escape (2013), sostuvo que “los grandes flujos de ayuda extranjera empeoran la política local y socavan las instituciones necesarias para fomentar el crecimiento a largo plazo”. Vásquez cita este argumento y señala que la dependencia de la ayuda exterior puede debilitar los controles y contrapesos democráticos, fomentar la corrupción y aumentar el endeudamiento de los países receptores.
El artículo también cuestiona la efectividad de condicionar la ayuda a la aplicación de reformas económicas en los países beneficiarios. De acuerdo con Ian Vásquez, este mecanismo no ha funcionado, ya que los organismos de ayuda “tienen incentivos institucionales para prestar dinero incluso cuando los países receptores no cumplen sus promesas”. El ex economista del Banco Mundial Paul Collier también criticó este enfoque y afirmó que “los donantes no querían admitir que su condicionalidad era una farsa”.
La propuesta de cierre de USAID, según Vásquez, responde a la necesidad de reconocer que el desarrollo económico depende principalmente de las políticas e instituciones internas de cada país, y no de factores externos como la ayuda extranjera. “Los países que establecen o avanzan en la dirección de los mercados libres, la protección de los derechos de propiedad y los límites al poder gubernamental fomentan el crecimiento económico”, sostiene el texto.
No obstante, Ian Vásquez advierte que el cierre de USAID debe realizarse de manera legal y en cumplimiento de la Constitución. Recuerda que el Congreso estableció la agencia como parte del poder ejecutivo y que su eliminación requiere la intervención legislativa. Además, menciona que una ley de asignaciones de 2023 exige que cualquier reorganización, consolidación o reducción de USAID sea notificada y consultada con el Congreso. “Existen razones sólidas para cerrar USAID, pero hagámoslo de manera legal”, concluye el autor.
*Lea al artículo original publicado escrito por Ian Vásquez haciendo clic aquí
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