Dos prisioneros federales luchan por mantener su pena de muerte al rechazar la conmutación de Biden

Shannon Agofsky y Len Davis, dos reclusos condenados a muerte en la penitenciaría de Terre Haute, Indiana, adoptaron una postura poco común: se negaron a aceptar la conmutación de sus sentencias de pena capital a cadena perpetua sin libertad condicional, otorgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos prisioneros presentaron mociones de emergencia ante un tribunal federal solicitando bloquear la medida, argumentando que aceptar esta decisión afectaría negativamente sus esfuerzos por apelar dicho castigo.

Agofsky y Davis sostienen que la conmutación elimina el escrutinio intensificado que se aplica a los casos de pena de muerte, lo que podría reducir sus posibilidades de éxito en las apelaciones. Esto implica que los tribunales revisen cuidadosamente los casos en busca de errores judiciales debido a la naturaleza irreversible de la pena capital, de acuerdo con información obtenida por NBC News.

Ambos condenados a muerte presentaron mociones de emergencia en un tribunal federal el 30 de diciembre en las que solicitaron que se bloqueara la conmutación de sus sentencias.

El problema de una conmutación no deseada

Agofsky detalló en su presentación que conmutar la sentencia ahora, mientras que el acusado tiene un litigio activo en la corte, se traduciría en el despojamiento de la protección de un “escrutinio más riguroso”.

“Esto constituye una carga indebida y deja al acusado en una posición de injusticia fundamental, que diezmaría sus procedimientos de apelación pendientes”, de acuerdo con la presentación de Agofsky citada por NBC News.

Por su parte, Davis afirmó que siempre ha sostenido que “imponer la pena de muerte llamaría la atención sobre la abrumadora mala conducta” que sostiene contra el Departamento de Justicia. De igual manera, agradeció al tribunal por su “pronta atención” al que calificó como un “enigma constitucional que avanza rápidamente”.

A pesar de sus esfuerzos, expertos legales como Dan Kobil señalan que revertir la decisión presidencial será extremadamente difícil. El profesor de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de Capital University, explicó durante una entrevista con el medio que el presidente cuenta con el poder suficiente como para conceder indultos y perdones, los cuales “no requieren el consentimiento del convicto”.

Si bien existen casos de prisioneros que han rechazado conmutaciones por preferir la ejecución, esta situación es inusual. Kobil agregó que las sentencias se imponen “para el bienestar público, y de la misma forma, el presidente y los gobernadores de los estados conmutan sentencias por el bienestar público”.

Robin Maher, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, destacó que todas las personas acusadas de delitos federales cuentan con el derecho constitucional de contar con un abogado y a apelar en caso de ser condenados.

“Las penas de muerte son la sanción más extrema que se puede dar en un caso penal y merecen la más alta calidad de representación legal y escrutinio judicial”, complementó el director.

Los casos detrás de la negativa

Shannon Agofsky, de 53 años, fue condenado en 1989 por el asesinato de Dan Short, presidente de un banco de Oklahoma. Según reportó NBC News, Agofsky y su hermano, Joseph, secuestraron y mataron a Short antes de robar 71.000 dólares.

Aunque Joseph fue condenado solo por robo, Shannon recibió una sentencia de cadena perpetua por asesinato.

Posteriormente, mientras cumplía condena en Texas, fue acusado de la muerte a pisotones de un compañero de prisión en 2001, crimen por el que recibió la pena de muerte en 2004. Actualmente, Agofsky mantiene que busca “establecer su inocencia en el caso original por el que fue encarcelado”.

Por su parte, Len Davis, exoficial de policía de Nueva Orleans, fue condenado en 1994 por contratar a un traficante de drogas para asesinar a Kim Groves, una mujer que había presentado una denuncia en su contra por abuso policial.

En la actualidad, Davis mantiene que es inocente bajo el argumento de que “el tribunal federal no tenía jurisdicción para juzgarlo por delitos contra los derechos civiles”, según declaraciones recogidas por NBC News.