El Senate Bill 6026 en el estado de Washington marca un punto de inflexión en la política urbana al permitir que grandes extensiones comerciales subutilizadas se transformen en viviendas asequibles. Esta iniciativa, impulsada desde el gobierno estatal y documentada por el diario local The Seattle Times, responde a la creciente escasez habitacional y a la proliferación de locales comerciales vacíos, en especial en áreas metropolitanas como Seattle.
La nueva legislación redefine el uso del suelo urbano, habilitando el desarrollo residencial en zonas que, hasta ahora, estaban reservadas exclusivamente para actividades comerciales. Según la oficina del gobernador Bob Ferguson, el enfoque es facilitar y abaratar la creación de viviendas de todo tipo para acelerar la respuesta a la crisis habitacional.
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La ley requiere que ciudades medianas y condados urbanos con más de 30.000 habitantes permitan la construcción de viviendas en terrenos previamente restringidos al uso comercial. La medida busca aprovechar infraestructuras infrautilizadas, integrando la urgencia de incrementar la oferta habitacional con la reutilización eficiente de espacios existentes.
Ferguson subrayó: “Washington necesita facilitar y abaratar la creación de más viviendas de todo tipo, y hacerlo más rápido”. El proyecto elimina la obligación existente en muchos planes urbanos de destinar la planta baja de los nuevos desarrollos a locales comerciales, removiendo una de las principales barreras para reconvertir antiguos centros comerciales y tiendas ancla en desuso.
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De esta manera, la normativa permite acelerar la transformación directa de esos espacios y evitar largos procesos de rezonificación.
El proceso legislativo incluyó la aprobación del texto por la Cámara de Representantes del estado con diversas enmiendas, seguido por el visto bueno en el Senado.
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El proyecto fue presentado por la representante Emily Alvarado de West Seattle, a solicitud del gobernador Ferguson. Este último remarcó que la norma es una alternativa concreta para aumentar el acceso a viviendas más accesibles, según consignó The Seattle Times. Con la aprobación parlamentaria, la ley quedó pendiente de la promulgación final del gobernador, un paso indispensable para su entrada en vigor.
Qué establece la nueva legislación en Washington
La reforma tendrá consecuencias inmediatas para los municipios afectados. Una vez promulgada, las ciudades y condados contarán con 18 meses para revisar y adaptar sus ordenanzas locales, adecuando su normativa urbanística a los nuevos lineamientos estatales.
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No obstante, la ley no exige modificar de inmediato los planes de crecimiento urbano a largo plazo, que podrán ajustarse en el próximo ciclo de planificación, previsto para 2031. Esta transición escalonada busca permitir una implementación ordenada y compatible con el desarrollo ya programado.
La crisis habitacional en Washington se ha intensificado en los últimos años, con un aumento sostenido en la demanda de viviendas asequibles y una oferta insuficiente. De acuerdo con cifras de la oficina del gobernador, el estado necesita más de 1 millón de nuevas unidades residenciales para cubrir la demanda proyectada en la próxima década.
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Este déficit se ha visto acentuado por el cierre de grandes centros comerciales y tiendas departamentales, vinculado al cambio en los hábitos de consumo y la expansión del comercio electrónico, que ha ocasionado una cantidad considerable de propiedades vacantes en áreas urbanas relevantes.
El núcleo de la reforma consiste en simplificar y acelerar el desarrollo de viviendas, evitando la necesidad de rezonificación caso por caso. Ferguson explicó que el objetivo es que los proyectos habitacionales puedan avanzar “sin tener que pasar por el proceso de cambiar su zonificación a residencial”, lo cual supone un ahorro sustancial en tiempo y recursos para desarrolladores y autoridades municipales.
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Debate sobre impactos y resistencias
La ley también aborda un aspecto controvertido del debate urbano: la relación entre habitabilidad y proximidad a vías de alto tránsito. Algunos sectores han expresado preocupaciones sobre la exposición a mayores niveles de ruido, contaminación y riesgos viales para futuros residentes de estas zonas.
Organizaciones vecinales y especialistas en salud pública del ámbito académico sostienen que la accesibilidad debe estar acompañada de garantías mínimas de calidad ambiental y seguridad.
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Entre los partidarios del proyecto destaca la senadora Jessica Bateman, quien señaló que la legislación eliminaría restricciones obsoletas, pero también permitirá que las ciudades mantengan barrios habitables y diseñados para caminar, según publicó el diario local The Seattle Times. Bateman y otros aliados sostienen que, al flexibilizar la normativa, se facilita la respuesta a la emergencia habitacional sin sacrificar estándares básicos de vida urbana.
Durante el debate parlamentario se incorporaron enmiendas clave: se rechazó una cláusula que habría permitido contar los espacios comunes de los edificios, como gimnasios o salones comunitarios, como superficie comercial en planta baja. El objetivo es asegurar que la reconversión genere efectivamente nuevas viviendas y no solo un cambio formal de uso.
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Potencial de replicabilidad y desafíos futuros
La habilitación para convertir grandes propiedades comerciales vacantes en viviendas podría revitalizar zonas urbanas afectadas por el abandono y aumentar la densidad residencial sin expandir el perímetro urbano.
El modelo, si se implementa con éxito, podría servir de precedente para otras regiones de Estados Unidos que enfrentan problemas similares derivados de la crisis del retail y de la falta de oferta de viviendas.
Persisten dudas sobre los posibles efectos derivados del cambio de zonificación, en particular la convivencia entre nuevas viviendas y entornos urbanos que fueron planificados originalmente para el comercio y el tráfico vehicular intenso.
Voces opositoras remarcan la necesidad de políticas complementarias orientadas a mitigar riesgos ambientales y de seguridad, así como la importancia de mantener estándares de calidad de vida en estos nuevos desarrollos urbanos.
La decisión definitiva sobre la entrada en vigor de la ley recae en el gobernador Bob Ferguson, cuya firma es el último paso legislativo pendiente. La ley quedó pendiente de la promulgación final del gobernador.
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