El juez rechazó una apelación de Donald Trump y finalmente condenará al presidente electo por el caso de Stormy Daniels

En un giro extraordinario, un juez estableció este viernes que la fecha de sentencia del presidente electo Donald Trump en el proceso que se le sigue por pagos para ocultar información desfavorable será el 10 de enero, poco más de una semana antes de que regrese a la Casa Blanca, pero prometió que no lo mandará a la cárcel.

Sin embargo, Trump está en camino de convertirse en el primer presidente en asumir el cargo condenado por delitos graves.

El juez Juan M. Merchan, quien presidió el juicio de Trump, señaló en una decisión escrita que sentenciaría al ex mandatario y futuro presidente a lo que se conoce como descargo condicional, en el que un caso se desestima si el acusado evita ser arrestado nuevamente. Este desarrollo marca otro giro en el singular caso.

Merchan rechazó la petición de Trump de desestimar el veredicto y archivar el caso por motivos de inmunidad presidencial y por su inminente regreso a la Casa Blanca. El juez dijo que no encontraba “ningún impedimento legal para sentenciar” a Trump y que le “correspondía” sentenciarlo antes de su juramento el 20 de enero. “Sólo dando finalidad a este asunto” se servirán los intereses de la justicia, escribió el magistrado.

En mayo, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificar registros comerciales. Estos involucraban un supuesto ardid para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels en las últimas semanas de la primera campaña del candidato presidencial republicano en 2016. El pago se realizó para evitar que Daniels publicara afirmaciones de que había tenido relaciones sexuales con Trump años antes, cuando estaba casado. El presidente electo dice que la versión es falsa y que no cometió ningún delito.

Después de la elección de Trump el 5 de noviembre, Merchan suspendió los procedimientos y pospuso indefinidamente la sentencia para que la defensa y la fiscalía pudieran opinar sobre el futuro del caso. Los abogados de Trump instaron a Merchan a desecharlo. Dijeron que de lo contrario representaría interrupciones inconstitucionales para la capacidad del presidente entrante de dirigir el país.

Los fiscales reconocieron que debería haber algún tipo de adaptación para su próxima presidencia, pero insistieron en que la declaración de culpabilidad debería mantenerse. Sugirieron varias opciones, como congelar el caso durante su mandato o garantizarle una sentencia sin cárcel. También propusieron cerrar el caso mientras se anotaba formalmente tanto su declaración de culpabilidad como su apelación pendiente, una idea extraída de lo que algunos tribunales estatales hacen cuando los acusados fallecen mientras apelan sus casos.

Merchan dictaminó que la condición actual de Trump como presidente electo no le otorga el mismo tipo de inmunidad que se concede a un presidente en ejercicio y no requiere que se anule el veredicto y se desestime el caso, una noción que el juez describió como “drástica” y “rara”. Hacer eso “socavaría el Estado de Derecho de manera inconmensurable”, escribió Merchan. Opinó que tampoco resolvería las preocupaciones del Tribunal Supremo sobre la inmunidad presidencial.

Trump asumirá el cargo el 20 de enero como el primer ex presidente condenado por un delito y el primer delincuente convicto elegido para el cargo. Su condena deja al hombre de 78 años ante la posibilidad de un castigo que va desde una multa o libertad condicional hasta cuatro años de prisión.

El líder republicano ha denunciado el veredicto como el resultado “amañado y vergonzoso” de una “caza de brujas” perseguida por el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg.

Antes de la elección de Trump en noviembre, sus abogados trataron de anular su condena por un motivo diferente: una decisión del Tribunal Supremo de EEUU en julio que otorgaba a los presidentes amplia inmunidad frente a procesos penales. Esa petición seguía pendiente cuando las elecciones plantearon nuevas cuestiones.

Mientras instaba a Merchan a anular la condena, Trump también intentó trasladar el caso a un tribunal federal, donde también podría hacer valer la inmunidad. Un juez federal dijo repetidamente que no, pero Trump apeló.

El caso del dinero subrepticio fue la única de las cuatro acusaciones penales contra Trump que llegó a juicio. Desde las elecciones, el abogado especial Jack Smith ha puesto fin a sus dos casos federales. Uno se refería a los esfuerzos de Trump por anular su derrota en las elecciones de 2020; el otro alegaba que había acaparado documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago. Un caso separado de interferencia electoral a nivel estatal en Georgia está en gran medida en suspenso.

Por Michael R. Sisak y Jennifer Peltz (AP)