La macabra tarea de evitar que los muertos voten: ellos son los funcionarios de EEUU que buscan prevenir fraudes

Para Tonnie Adams, supervisor electoral del condado de Heard, en el estado de Georgia, el trabajo no termina cuando se cierran las oficinas. Cada día, tras cumplir con sus responsabilidades oficiales, se sienta frente a su computadora para una tarea particular: revisar sitios web de funerarias locales y los obituarios en el periódico en busca de personas muertas.

Es un proceso minucioso y, como él mismo admite, “un poco mórbido”, pero esencial para asegurarse de que los padrones electorales del condado estén actualizados y libres de registros de personas fallecidas. Su labor es parte de un esfuerzo mayor para evitar dudas sobre la limpieza del sistema electoral, en medio de una atmósfera de desconfianza y teorías de fraude.

De acuerdo con The Wall Street Journal, el trabajo de estos funcionarios involucra la revisión constante de diversas fuentes para identificar a los votantes fallecidos y eliminar sus registros de los padrones. Adams, al igual que otros supervisores y empleados de oficinas electorales, dedica tiempo a escudriñar decenas de obituarios en periódicos y funerarias en línea.

En Wisconsin, por ejemplo, la secretaria municipal de Abrams, Jean Hansen, también se encarga de corroborar las defunciones, a veces con la ayuda de residentes locales que llegan a su oficina para informar sobre fallecimientos recientes. Además de los obituarios, algunos funcionarios revisan los anuncios de ventas de bienes de personas fallecidas, que pueden servir como pistas adicionales en este proceso.

A pesar del esfuerzo constante por evitar el fraude, han ocurrido incidentes aislados que han incrementado el escrutinio sobre el proceso. Un caso reciente en Minnesota involucra a una mujer acusada de presentar fraudulentamente la boleta de su madre, quien había fallecido meses antes.

Otro ejemplo ocurrió en Pensilvania, donde un hombre fue sentenciado a cinco años de libertad condicional tras declarar culpable de haber emitido un voto en nombre de su madre fallecida en las elecciones presidenciales anteriores, según CBS News.

Herramientas y métodos

Los funcionarios electorales recurren a herramientas variadas para verificar la defunción de una persona registrada en las listas de votación. A nivel estatal y federal, se reciben periódicamente registros de personas que han fallecido o se han mudado, lo cual permite a las oficinas locales mantener la precisión de sus padrones.

Sin embargo, algunos casos requieren más pruebas. En algunos condados, basta con un obituario para remover un registro, mientras que otros exigen confirmación adicional. Algunos funcionarios envían cartas al domicilio del fallecido para obtener una declaración de un familiar que confirme el deceso, asegurando que el proceso sea lo más meticuloso y transparente posible.

La regulación sobre votos emitidos por personas que fallecen antes de la jornada electoral varía significativamente entre estados. En Wisconsin y otros estados, la legislación establece que los votos de personas que fallecen después de enviar su boleta no deben ser contados, y los funcionarios están atentos a asegurarse de que tales votos sean excluidos. Sin embargo, diez estados permiten que se cuenten estos votos anticipados, lo cual complica el proceso de administración y eliminación de registros de votantes fallecidos en las listas.

El proceso de verificar registros no solo responde a la importancia de evitar que personas fallecidas permanezcan en los padrones electorales, sino también a la creciente desconfianza en la transparencia del sistema. Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, avivó estos temores tras afirmar, sin pruebas, que miles de personas fallecidas votaron en las elecciones de 2020.

Esto intensificó las sospechas sobre las elecciones, y en consecuencia, las labores de los funcionarios electorales ahora están bajo una vigilancia más estricta. Esta minuciosidad permite a los supervisores como Patty Hansen, en Coconino, Arizona, cumplir con su tarea de asegurar que la participación electoral sea válida, explicando que sus esfuerzos están enfocados en construir la confianza de sus comunidades en el sistema.