
La ciudadana estadounidense Brianne Dressen entabló una demanda judicial contra AstraZeneca, alegando haber quedado “permanentemente discapacitada” tras participar en un ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 de la compañía. La mujer, de 42 años y ex profesora de Utah, denunció a la empresa por presunto incumplimiento de contrato, al afirmar que la empresa no proporcionó atención médica para sus efectos secundarios, tal como prometió.
Este caso se cree que es el primero de su tipo en los Estados Unidos, un país donde la vacuna británica fue sometida a pruebas clínicas, pero nunca recibió aprobación para su uso.
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Brianne Dressen aseguró que desarrolló una afección neurológica grave tras su participación en el ensayo de la vacuna en 2020. “Este asunto me sacó de mi trabajo - sigo siendo permanentemente discapacitada”, afirmó Dressen a The Telegraph. Después de ser hospitalizada en varias ocasiones tras su vacunación, contó haber acumulado miles de dólares en facturas médicas. Según la mujer, AstraZeneca no cubrió el costo de su atención médica como se había comprometido.
El diagnóstico de “neuropatía post-vacuna” le fue conferido a la denunciante por neurólogos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2021, identificando su condición como parestesia, una afección caracterizada por la irritación de los nervios y la experimentación de sensaciones de hormigueo y entumecimiento. Dressen es también co-presidenta de React19, un grupo de interés para personas que alegan haber sido lesionadas por vacunas contra el COVID-19.
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Según Bloomberg, la demanda acusa a AstraZeneca de no cumplir con sus obligaciones contractuales de cubrir los gastos médicos por las lesiones sufridas debido a la vacuna.

La empresa ha retirado el producto contra el COVID-19 del mercado, citando falta de demanda y no por razones de seguridad, a pesar de que la vacuna ha enfrentado preocupaciones sobre su eficacia y seguridad. AstraZeneca ha declarado previamente que la autorización de comercialización de la vacuna en la Unión Europea fue retirada a petición de la empresa, ya que la vacuna ya no se fabrica ni suministra.
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Desde Bloomberg, se informó que un portavoz de AstraZeneca dijo en un comunicado por correo electrónico que la compañía no puede comentar sobre litigios en curso, pero enfatizó que, según la evidencia de ensayos clínicos y datos del mundo real, la vacuna AstraZeneca-Oxford ha demostrado continuamente tener un perfil de seguridad aceptable.
“Los reguladores de todo el mundo declaran constantemente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de efectos secundarios extremadamente raros”, se añadió en la declaración.
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Además, la demanda señaló que normalmente las demandas de lesiones por vacunas COVID-19 estarían bloqueadas por el Programa de Compensación por Lesiones de Contramedidas (CICP) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que protege a los fabricantes de medicamentos de demandas por alegaciones de lesiones por vacunas.

Sin embargo, la demanda de Dressen sostiene que ella no está excluida de demandar a la compañía sobre las obligaciones contractuales con sujetos de estudio como ella, alegando que “AstraZeneca se negó a cumplir con sus obligaciones contractuales de proporcionar atención médica/referencias y cubrir los costos de la lesión”.
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Las lesiones por vacunación son raras pero no desconocidas. Según The Telegraph, hasta el 1 de abril, se han presentado más de 10.000 reclamaciones que alegan lesiones o muerte a causa de una vacuna COVID-19 al CICP, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Brianne Dressen no demanda una cantidad específica, pero había incurrido personalmente en facturas legales de decenas de miles de dólares, reclamando daños adicionales por angustia emocional, pérdida de ingresos, transporte y honorarios legales.
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“Al principio, realmente creí que este sería el momento de nuestra generación para mostrar cómo podemos superar la adversidad”, reflexionó Dressen sobre su decisión de participar en el ensayo clínico.
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