Ring, la compañía de seguridad para el hogar propiedad de Amazon, anunció una medida significativa que pone fin a la colaboración directa entre sus usuarios y las fuerzas del orden en lo que respecta a compartir imágenes capturadas por las cámaras de sus timbres. La herramienta “solicitud de asistencia”, que permitía a las agencias de seguridad pública solicitar y recibir videos a través de la aplicación Neighbors, ya no estará disponible.
Este cambio, que entrará en vigor esta semana, marca un punto de inflexión en la política de la empresa tras las críticas recibidas por violaciones de la privacidad. El gerente general de Neighbors, Eric Kuhn, enfatizó que, aunque las agencias de seguridad no podrán solicitar vídeos mediante la herramienta RFA, todavía “pueden usar la aplicación para compartir consejos útiles de seguridad, actualizaciones y eventos de la comunidad”.
Esta declaración subraya el esfuerzo de la compañía por equilibrar las necesidades de seguridad comunitaria con el derecho a la privacidad de los usuarios. La controversia en torno a esta función no es nueva. Según investigaciones lideradas por el senador Ed Markey, D-Mass, Ring había proporcionado imágenes de las cámaras de sus usuarios a las fuerzas de seguridad sin su consentimiento.
Aunque desde Ring se argumentó que estas acciones se realizaron en casos extremos donde se “creía que un peligro de muerte o lesiones físicas graves para cualquier persona requería divulgación sin demora”, esta práctica ha suscitado preocupaciones sobre posibles excesos y el respeto a la privacidad.
Matthew Guariglia, analista de políticas del grupo de derechos digitales Electronic Frontier Foundation, destacó la importancia de esta medida: “Ahora, Ring esperablemente estará completamente fuera del negocio de facilitar peticiones policiales, casuales y sin orden judicial para obtener imágenes de sus usuarios”.
Esto refleja la creciente exigencia de transparencia y límites estrictos respecto a cómo se pueden utilizar los datos recopilados por dispositivos de seguridad doméstica en Estados Unidos.
Cabe destacar que esta decisión de Ring no impide que las fuerzas del orden accedan a los vídeos mediante una orden judicial, lo cual asegura que todavía existe un mecanismo legal para la obtención de evidencia cuando es estrictamente necesario.
Además, este cambio viene tras el acuerdo de Ring para pagar USD 5,8 millones en un arreglo con la Comisión Federal de Comercio sobre alegaciones de que la empresa permitió a empleados y contratistas acceder a vídeos de usuarios y de contar con prácticas de seguridad inadecuadas. Aunque Ring discrepa con estas afirmaciones, el acuerdo destaca los riesgos asociados con el manejo de datos sensibles.
La relación entre Ring y las agencias de seguridad pública ha sido objeto de intenso escrutinio. La proliferación de estas colaboraciones, sumada a la capacidad de los usuarios de reportar comportamientos que consideran sospechosos a través de la aplicación, ha llevado a temores de una vigilancia constante y un aumento en los incidentes de perfilación racial.
En respuesta a estas preocupaciones, la empresa había modificado previamente su política en 2021 para hacer públicas las solicitudes de las fuerzas del orden a través de la aplicación Neighbors, una medida destinada a aumentar la transparencia.
Este ajuste en la política de Ring es un ejemplo claro de la creciente tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y la protección de la privacidad individual. A medida que la tecnología continúa integrándose en la vida cotidiana, es crucial encontrar un equilibrio que respete tanto la seguridad comunitaria como los derechos personales.
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