La Fiscal General de Nueva York pidió multar a Trump con USD 370 millones y que se le prohíba hacer negocios en esa ciudad

Los abogados del estado de Nueva York aumentaron el viernes su solicitud de sanciones en el juicio civil por fraude empresarial de Donald Trump, mientras su defensa argumentó que más de diez semanas de testimonios no produjeron evidencia de intenciones fraudulentas o ganancias mal habidas.

Ambas partes destacaron sus conclusiones del juicio en los documentos judiciales antes de los argumentos finales. Se espera que Trump asista, aunque los planes podrían cambiar.

Será la última oportunidad para que los abogados estatales y defensores expongan sus argumentos en una demanda que tiene consecuencias para el principal aspirante presidencial republicano, incluso mientras lucha en cuatro casos penales en varios tribunales.

El caso civil de Nueva York podría terminar impidiéndole hacer negocios en el estado donde construyó su imperio inmobiliario, y la procuradora general del estado, Letitia James, ahora busca más de 370 millones de dólares en multas. La cifra surgió en el expediente de su oficina el viernes; el estado había solicitado 250 millones de dólares antes del juicio, pero había aumentado la cifra a más de 300 millones de dólares durante el procedimiento.

La demanda de James acusa a Trump, su empresa y ejecutivos clave de engañar a bancos y aseguradoras al inflar enormemente su patrimonio neto. James sostiene que Trump obtuvo tasas atractivas en préstamos y seguros debido a la riqueza que afirmó en sus “estados de situación financiera” personales, o “SFC”, para abreviar.

La demanda alega que los documentos daban valores exorbitantes para campos de golf, hoteles y más, incluida la antigua casa de Trump en la torre que lleva su mismo nombre en Nueva York y su casa actual en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

“La conclusión de que los acusados intentaron defraudar al preparar y certificar los SFC de Trump es ineludible”, escribió Kevin Wallace, abogado de la oficina de James, en un documento presentado el viernes. “Los innumerables esquemas engañosos que emplearon para inflar los valores de los activos y ocultar hechos fueron tan escandalosos que desmienten una explicación inocente”.

Los acusados, incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, niegan haber actuado mal.

El ex presidente afirma que cualquier sobreestimación, como valorar su penthouse en la Torre Trump en casi tres veces su tamaño real, fueron meros errores y no supusieron ninguna diferencia en el panorama general de su fortuna.

También dice que los documentos son esencialmente legalmente a prueba de balas porque decían que las cifras no fueron auditadas, entre otras advertencias. Los destinatarios los entendieron simplemente como puntos de partida para sus propios análisis, dice la defensa.

Ninguno de sus prestamistas testificó que no habrían otorgado los préstamos o habrían cobrado más intereses si sus estados financieros hubieran mostrado cifras diferentes, escribieron los abogados defensores en un documento presentado el viernes para Trump, su Organización Trump y algunos ejecutivos.

El estado “no aportó ninguna prueba fáctica de ningún testigo de que las ganancias fueran mal habidas”, escribieron los abogados Michael Madaio y Christopher Kise. Tampoco, dijeron, hubo pruebas de que las aseguradoras fueran estafadas.

Por otra parte, los abogados defensores argumentaron que las demandas contra los vicepresidentes ejecutivos Eric Trump y Donald Trump Jr. deberían desestimarse porque nunca tuvieron “nada más que un conocimiento periférico o participación en la creación, preparación o uso” de los estados financieros de su padre.

Los hijos confiaron en el trabajo de otros ejecutivos de la Organización Trump y de una firma contable externa que preparó esos documentos, dijeron los abogados Clifford Robert y Michael Farina, haciéndose eco del propio testimonio de los vástagos.

Su padre también subió al estrado e hizo una serie de comentarios en el pasillo del tribunal. Describió el caso como una maniobra política de James, el juez Arthur Engoron y otros demócratas, diciendo que están abusando del sistema legal para tratar de cortar sus posibilidades de recuperar la Casa Blanca este año.

El veredicto depende del juez porque James presentó el caso bajo una ley estatal que no permite la presencia de un jurado. Engoron ha dicho que espera tomar una decisión a finales de este mes.

Sopesará las acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales. Pero se pronunció antes del juicio sobre el reclamo principal de la demanda y encontró que Trump y otros acusados participaron en fraude durante años. Con ese fallo, el juez ordenó que un síndico tomara el control de algunas de las propiedades del ex presidente, pero un tribunal de apelaciones congeló esa orden por ahora.

Además de multas de 370 millones de dólares, más intereses, James quiere que a Trump se le prohíba hacer negocios en Nueva York.

Durante el juicio, Engoron multó a Trump con un total de 15.000 dólares después de descubrir que violó una orden de silencio que prohibía a todos los participantes del juicio comentar públicamente sobre el personal del juez. La orden se impuso después de que Trump difamara al principal asistente legal del juez.

Los abogados de Trump están apelando la orden de silencio.

(Con información de AP)