El gobierno de Estados Unidos aplica mano dura a la industria de las criptomonedas con una ráfaga de medidas legales

Los ejecutivos de las criptomonedas tenían la esperanza de que el año 2023 traería un nuevo comienzo tras un año de contratiempos desastrosos. En cambio, la industria ha sido objeto de una represión agresiva por parte del gobierno.

El mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) impuso multas y otras sanciones a prestamistas de criptomonedas, mientras que funcionarios de la banca federal emitieron declaraciones de políticas que parecieron diseñadas para dificultar la participación de las criptoempresas en el sistema financiero general.

En los últimos días, el ritmo se ha acelerado. Dos firmas de criptomonedas de alto perfil —entre ellas una popular casa de cambio donde la gente compra y vende monedas digitales— quedaron bajo una inmensa presión por parte de reguladores estatales y federales. Tras anunciar un acuerdo con la casa de cambio, la SEC también multó a un promotor de criptodivisas y demandó a una empresa emergente que emite monedas digitales, lo cual sumó un total de tres recursos legales interpuestos en poco más de una semana.

Es probable que estas acciones sean el preludio a un periodo prolongado de disputas legales, mientras los reguladores responden a la turbulencia del mercado que hizo que importantes criptoempresas se declarasen en quiebra el año pasado y les costó miles de millones de dólares a los inversionistas. Además, estas medidas reflejan una urgencia creciente en Washington por resolver la amenaza que suponen las criptomonedas, una tecnología experimental que permite nuevos tipos de especulación financiera.

“Me he estado refiriendo a esto como el bombardeo contra las criptomonedas”, dijo Kristin Smith, directora ejecutiva del colectivo Blockchain Association, un grupo comercial de la industria. “Cada dos horas nos enteramos de una nueva acción legal”.

Durante años, los reguladores fueron criticados por no comprender a la criptoindustria, incluso mientras esta crecía para convertirse en un negocio multimillonario. En noviembre, la casa de cambio de criptomonedas FTX, otrora considerada una de las firmas más confiables en una industria poco responsable, colapsó casi de la noche a la mañana, y su fundador, Sam Bankman-Fried, fue acusado de orquestar un fraude que duró años.

Eso puso una enorme presión sobre los reguladores para que tomaran cartas en el asunto. Las empresas de criptomonedas han existido en un área gris legal, ya que los legisladores y los funcionarios públicos siguen debatiendo cómo deberían clasificarse en la normativa. El crecimiento de la industria ha superado la lenta burocracia federal que supervisa las otras partes de la industria financiera, como los bancos tradicionales y las empresas que cotizan en bolsa.

Luego de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre, la SEC, el Departamento de Justicia y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, otro organismo regulador, presentaron casos contra Bankman-Fried y dos de sus principales ejecutivos.

Sin embargo, las medidas contra la industria en general continuaron el mes pasado cuando la SEC impuso al prestamista de criptomonedas Nexo una multa de 45 millones de dólares y acusó a uno de sus competidores, Genesis, de ofrecer títulos no registrados.

La semana pasada, la SEC anunció un acuerdo con la casa de cambio de criptomonedas Kraken que la obligó a retirar uno de sus productos de inversión más populares del mercado estadounidense, lo cual podría tener repercusiones más amplias para la industria. La agencia también le advirtió a Paxos, una empresa que acuña las llamadas “stablecoins” o criptomonedas estables, de paridad fija con el dólar, que podría presentar una demanda en su contra por violaciones contra las leyes de valores.

Esta semana, la SEC demandó a Terraform Labs, la empresa que desarrolló las monedas digitales Luna y TerraUSD, que colapsaron la primavera pasada y detonaron una crisis general en los precios de las criptomonedas. El viernes, la agencia anunció que la exestrella de la NBA Paul Pierce había accedido a pagar 1,4 millones de dólares para resolver los cargos en su contra por haber comercializado una criptomoneda sin los derechos debidos.

Más allá de la SEC, tres organismos principales de regulación financiera enviaron cartas a organizaciones bancarias el mes pasado, en las que les aconsejaron ser cautelosas en sus negocios con criptomonedas. También el mes pasado, la Reserva Federal rechazó una solicitud de Custodia Bank, una criptoempresa, para unirse al sistema de pago del banco central.

La ola de medidas legales ha causado indignación y ansiedad en la criptoindustria. Algunos defensores de las criptomonedas han etiquetado las acciones del gobierno como la “Operación Choke Point 2.0″, en referencia a una estratagema emprendida por el gobierno en la década de 2010 para evitar que los bancos trabajaran con ciertos negocios.

Un abogado de la industria comentó que les estaba aconsejando a los ejecutivos que se preparen para al menos cinco años de litigios costosos y de alto riesgo con el gobierno. Las empresas de criptomonedas han intercambiado recomendaciones en privado sobre qué despachos jurídicos les conviene contratar para enfrentar las demandas del gobierno, según reveló el abogado, quien solicitó permanecer en el anonimato para describir conversaciones legales delicadas.

“Lo que está ocurriendo ahora es una iniciativa coordinada entre varias agencias y, al parecer, el reflejo de una perspectiva unitaria de que la criptoindustria debe restringirse”, opinó Paul Grewal, principal asesor jurídico de Coinbase, la casa de cambio de criptomonedas más grande de Estados Unidos. “Es importante que la industria de las criptomonedas se prepare para una larga batalla”.

Representantes de la SEC y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos se rehusaron a dar comentarios. Otros reguladores bancarios federales no respondieron a las peticiones de comentarios.

Prácticamente desde sus orígenes, la industria de las criptomonedas ha estado bajo el escrutinio de los reguladores. Y en 2021, cuando el mercado alcanzó cifras máximas históricas, algunos funcionarios en Washington hicieron sonar las alarmas. Gary Gensler, presidente de la SEC, ha argumentado que la gran mayoría de las criptomonedas son valores, como las acciones que se comercializan en el mercado bursátil, y deben estar sujetas a las mismas regulaciones estrictas. Su oficina dedicó meses a preparar casos contra firmas de criptomonedas, algunos de los cuales ya están rindiendo frutos.

El acuerdo de 30 millones de dólares que cerró la semana pasada la SEC con Kraken, una de las casas de cambio más grandes de Estados Unidos, alarmó a los entusiastas de las criptomonedas. Kraken aceptó dejar de ofrecer un servicio conocido como “staking”, que les permite a los inversionistas ganar intereses sobre sus ahorros en criptomonedas y ha sido lucrativo para la industria. Los entusiastas temen que la SEC tome medidas para bloquear servicios similares en otras criptofirmas.

El lunes, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York declaró que le había ordenado a Paxos que dejara de emitir BUSD, una popular criptomoneda estable que está afiliada con Binance, la casa de cambio de criptomonedas más grande del mundo. Ese mismo día, Paxos dijo que había recibido una carta de la SEC que advertía que la empresa pronto podría ser acusada de violar leyes de valores por manejar BUSD.

“Estamos ante una carrera armamentista entre las agencias federales de Estados Unidos, que compiten para demostrar lo estrictas que pueden ser con las criptomonedas”, afirmó Jason Weinstein, un abogado de Steptoe & Johnson que trabaja con asuntos del sector. “Hay muchos alguaciles en el pueblo y todos quieren tomar el control del mismo lugar”.

© The New York Times 2023