
Una jueza de Madrid ha pedido a la Fiscalía que emita un informe sobre una querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y alto cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por la 'ley de nietos'.
Así lo ha acordado la titular de la Plaza 35 del Tribunal de Instancia de Madrid en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la jueza Inmaculada Lova emplaza al Ministerio Público para que traslade su opinión sobre la "admisión y diligencias a practicar" respecto a la querella de Hazte Oír por un presunto delito de prevaricación administrativa.
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En la querella, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, Hazte Oír denuncia presuntas irregularidades en la 'ley de nietos', una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno que permite conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados españoles.
Según la asociación, Puente dictó una "instrucción" que "desbordó" el alcance de la 'ley de nietos' después de que la querellada se comprometiera "a la aplicación estricta de la ley".
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APLICA A BISNIETOS Y TATARANIETOS
La asociación denuncia que dicha instrucción se realizó "a espaldas" de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, "de quien dependía jerárquicamente" y que, según informaciones periodísticas, "no descartan que la instrucción respondiera a una indicación directa" de Félix Bolaños, entonces ministro de la Presidencia y actual titular de Justicia.
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Este hecho habría motivado, de acuerdo con la querella, la promoción de Puente a la Secretaría General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia cuando Bolaños asumió dicha cartera.
Así las cosas, Hazte Oír denuncia que "la exclusión de la ministra del ramo y la vinculación personal de la querellada con el ministro que había redactado la ley señalan el cauce por el que pudo transmitirse la indicación del cambio de criterio" e indica que "el posterior ascenso de la querellada, acordado precisamente por Bolaños al asumir la cartera de Justicia, es un dato objetivo cuya eventual correspondencia con los hechos deberá esclarecer la instrucción".
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Por otro lado, señala que se están admitiendo las solicitudes de bisnietos y tataranietos, cuando la norma "circunscribe el derecho de opción a 'los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela'".
"La extensión de la vía a generaciones posteriores --bisnietos y tataranietos-- carece de todo sustento legal y sólo se explica por el encadenamiento de opciones sucesivas que la instrucción hace posible al haber suprimido el presupuesto del exilio", indica.
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En este sentido, Hazte Oír señala que el senador del PSOE César Mogo "afirmó que la norma ampara a quienes emigraron a América por cualquier motivo desde el siglo XIX, con independencia de las causas que provocaron el éxodo" lo que, a su juicio, "confirma que la extensión operada por la instrucción no fue un exceso interpretativo advertido tardíamente, sino un designio conocido y proclamado".
DENUNCIA "EFECTOS SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES"
Por otro lado, la asociación manifiesta que se han realizado "en torno a 2,6 millones de solicitudes" y que "estimaciones de prensa cifran en unos 600.000 los nuevos electores que podrían incorporarse al censo exterior antes del término natural de la legislatura".
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Según Hazte Oír, "el efecto sobre los resultados electorales ha dejado de ser conjetura" y pone como ejemplo que, en las elecciones andaluzas celebradas el pasado mayo, "el partido gobernante, con claridad derrotado en el voto emitido en España, venció sin embargo en el voto del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA)".
Pese a que el Gobierno ha indicado que "la mayoría de las solicitudes no podrá resolverse antes de las próximas elecciones generales", recoge la querella, "el proceso masivo de nacionalización sigue su curso y desplegará sus efectos plenos en los ciclos electorales sucesivos".
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VOX TAMBIÉN SE QUERELLA CONTRA PUENTE
Por su parte, Vox también se ha querellado contra Sofía Puente por presunta prevaricación administrativa respecto a la 'ley de nietos'. El partido alude en el escrito, al que también ha accedido esta agencia de noticias, a dos instrucciones que modificaron la norma y las cuales "incumplen frontalmente los límites que constriñen la competencia de las instrucciones".
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A su juicio, también "altera el ámbito subjetivo y temporal de un derecho reconocido por ley, con trascendencia directa para terceros y para el cuerpo electoral".
Además, relata, "ninguna de las instrucciones se dirigió a resolver un expediente concreto", sino que "fijaron, con vocación de aplicación general e indefinida, criterios, la presunción de exilio por mera acreditación del parentesco, primero, y la equiparación de la mera solicitud de cita previa a la formalización de la declaración de opción dentro de plazo, después".
La aplicación de la instrucción ha provocado "un incremento del número de personas que, sin acreditar individualmente el exilio político de su causante, han obtenido la nacionalidad española y, con ella, su inscripción en el CERA".
Vox considera que "ese efecto sobre el cuerpo electoral no es un efecto colateral imprevisto, sino consecuencia natural y previsible de ampliar, por vía de instrucción y sin cobertura legal, un derecho de opción a la nacionalidad cuya extensión estaba reservada al legislador", una consecuencia que, a su juicio "resulta razonable presumir que no le era ajena" a Puente.
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