El sector de la construcción sumó 1.130 licitaciones públicas desiertas en España durante el primer semestre de 2026, con un presupuesto total de 707 millones de euros que no encontró ningún postor. El dato, recogido en un informe técnico de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), refleja el impacto del desfase entre los precios fijados por las administraciones y los costes reales de ejecución de las obras, agravado por la escalada de materiales y energía derivada del conflicto en Oriente Próximo.
La organización señala que el volumen es mayor si se cuentan también los contratos adjudicados con un único licitador: 747 procedimientos adicionales, que representan otros 448 millones de euros en obra pública sin competencia real. El total de procedimientos con concurrencia insuficiente (desiertas más único licitador) alcanza los 1.877 en seis meses, con más de 1.155 millones de euros en juego.
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La CNC ha alertado al Gobierno de que la falta de mecanismos automáticos de revisión de precios en los contratos públicos está detrás de este fenómeno. La patronal reclama una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para excluir a la obra pública de la Ley de Desindexación y permitir actualizaciones que garanticen la viabilidad de los proyectos. Según la confederación, los sobrecostes en obras de carreteras alcanzan de media el 15% en 2026, y llegan al 30% en contratos de rehabilitación, que por su corta duración carecen de revisión de precios.
La asociación Seopan, que agrupa a las mayores constructoras del país, cifró esta semana en 1.195 millones de euros el sobrecoste total acumulado por materiales y energía en las obras licitadas entre finales de 2024 y febrero de 2026, sobre un presupuesto global de 31.400 millones. Solo las obras licitadas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 acumulan ya un déficit irrecuperable de 327 millones antes incluso del inicio de los trabajos, equivalente al 4,7% del presupuesto base.
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La comparativa nacional de obras desiertas
La escala del problema varía de forma sustancial entre territorios. Andalucía concentra el mayor número de licitaciones desiertas, con 284 contratos sin postor y un presupuesto bloqueado de 138 millones de euros. La patronal andaluza CEACOP señaló que el número de obras públicas desiertas en la comunidad se ha duplicado respecto al mismo periodo de 2025, con el cierre del estrecho de Ormuz como detonante: el betún subió hasta un 50%, el acero corrugado y el hormigón superaron el 15% de incremento, y la energía se encareció cerca de un 47%.
Cataluña acumula el mayor volumen económico en licitaciones desiertas: 183,7 millones de euros repartidos en 199 contratos. Uno de los casos más llamativos es una nave logística en la parcela A.27-28-29 de la ZAL Port del Prat, valorada en 49,8 millones de euros, que no recibió ninguna oferta. La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) advirtió en julio de que entre enero y junio de 2026 el 38% de los contratos de obra en la comunidad recibió uno o dos licitadores, muy por debajo de las recomendaciones de la Unión Europea (UE).
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Castilla y León, por su parte, presenta el importe medio más alto por licitación desierta: 1.013.239 euros, con un caso extremo de 35 millones de euros vinculado a las obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid. Las Islas Canarias, en cambio, muestran la estructura más atípica del informe: el 37% de sus licitaciones desiertas supera el millón de euros y el importe medio es de 3,4 millones, el más elevado de España. Un único contrato de 168 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria concentra 29,2 millones.
Las licitaciones pequeñas, las más afectadas
El perfil dominante de las licitaciones desiertas es el de la obra de pequeño tamaño: el 82% de los contratos tiene un presupuesto inferior a 500.000 euros, lo que apunta a que el problema no se limita a las grandes infraestructuras, sino que atraviesa de forma transversal toda la obra pública.
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Además, cuando hay un solo postor, la competencia en la construcción es nula en la práctica y el riesgo de sobrecoste para la Administración aumenta. El caso más extremo del semestre vuelve a corresponder a Andalucía: un contrato de 183,5 millones de euros para la línea subterránea y centro de seccionamiento de 66 kV del futuro Centro de Semiconductores de Málaga fue adjudicado con un único licitador. En la Comunidad Valenciana, los contratos con un único postor suman 70,4 millones de euros, más que el presupuesto total de sus licitaciones desiertas.
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