Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal confirma que la mayoría de quienes reciben el ingreso mínimo vital también accede a otras prestaciones públicas, especialmente el subsidio por desempleo

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Ingreso Mínimo Vital. (Montaje Infobae)
Ingreso Mínimo Vital. (Montaje Infobae)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha subrayado en su quinta Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el 51% de las personas que reciben esta prestación en España también cobra al menos otra ayuda social, mientras que un 16% combina el IMV con dos o más subsidios. Según el análisis de la AIReF, publicado este jueves, la prestación que más habitualmente se suma al IMV es el subsidio por desempleo, especialmente entre mayores de 52 años, donde la simultaneidad de ambas ayudas se duplica respecto a otros grupos de edad. Este fenómeno evidencia una superposición de ayudas que, lejos de ser excepcional, se ha consolidado como una constante entre los beneficiarios. El informe destaca que, aunque el IMV ha reforzado la protección contra la pobreza, la coordinación con el resto del sistema de prestaciones sigue siendo un reto pendiente.

Durante 2025, 455.401 hogares en territorio fiscal común recibieron el IMV, lo que supone un aumento del 16% respecto al año anterior. El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) alcanzó a 540.638 hogares, con un crecimiento del 20%. La cobertura del IMV se situó en el 44,2% de los hogares potencialmente beneficiarios, mientras que el CAPI llegó al 27,9%. Sin embargo, el 52% de los hogares que cumplen los requisitos para acceder al IMV aún no han solicitado la prestación.

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La AIReF atribuye este fenómeno a barreras administrativas, desconocimiento y a la percepción de que el proceso de solicitud es complejo. En 2025, el tiempo medio para tramitar una solicitud se redujo hasta los 99 días, gracias a la ampliación de los límites de renta y patrimonio y a la implantación de un sistema de revisión anticipada. Estas mejoras permiten ajustar la cuantía de las prestaciones a la situación económica más reciente de las familias, aunque no han sido suficientes para lograr una cobertura universal entre quienes cumplen los requisitos.

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El informe señala que la mayoría de los beneficiarios del IMV no depende exclusivamente de esta prestación para subsistir. Más de la mitad percibe alguna otra ayuda pública a lo largo del año, en muchos casos de forma simultánea. El subsidio por desempleo es la más frecuente, pero existen otras como las ayudas familiares, complementos de infancia o subsidios autonómicos y locales. Un 16% de los hogares llega a combinar tres o más ayudas, lo que refleja la fragmentación del sistema de protección social en España.

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La AIReF advierte que una mayor intensidad protectora del IMV se asocia con una permanencia más prolongada en la ayuda. Cerca del 46% de los hogares beneficiarios sigue recibiendo el IMV cinco años después de su concesión inicial. Este dato, según el organismo, refuerza la necesidad de reformular los incentivos al empleo y mejorar la conexión del IMV con el mercado laboral. El objetivo es evitar que la prestación se convierta en un ingreso permanente y promover la integración sociolaboral de los beneficiarios.

España, de los países europeos que ofrecen más prestaciones

En comparación con otros países europeos, España ofrece una de las prestaciones de último recurso más elevadas de la Unión Europea. Sin embargo, la cobertura y la capacidad del IMV para reducir la pobreza siguen por debajo de la media comunitaria. Desde 2019, la cobertura de la pobreza asociada al IMV ha aumentado casi un 90%, pero la reducción de la tasa y la brecha de pobreza se mantiene inferior al promedio europeo.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe, la AIReF propone reforzar la coherencia del IMV con el resto del sistema de protección social y revisar su diseño, tomando como referencia la experiencia de otros países europeos. Además, plantea avanzar hacia un sistema de verificación más automatizado, basado en información administrativa reciente, para reducir las barreras de acceso y los periodos sin protección.

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