El PP trabaja en una reforma del Código Civil que "no regale nacionalidades": "El pasaporte hay que merecerlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que su partido está trabajando en una reforma del Código Civil que "no regale nacionalidades", como considera que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la conocida como 'ley de nietos'. "El pasaporte hay que merecerlo", ha proclamado.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Feijóo ha explicado que el PP está estudiando cómo se puede modificar el Código Civil tratando de buscar "un punto de equilibrio" entre los derechos y obligaciones de una persona a la que se le concede un pasaporte español, el arraigo y la "presencia afectiva y efectiva" del solicitante.

Según ha recalcado, se trata de una ley con la que "no se regalarán pasaportes" porque "el pasaporte hay que merecerlo". "No se regala la nacionalidad española, como no lo regala ningún país serio y responsable", ha abundado el presidente de los 'populares', quien ha evitado dar más detalles sobre el contenido de su propuesta.

Durante su intervención inicial, Feijóo ha situado el control de las fronteras españolas como uno de los grandes déficits de la gestión del Ejecutivo y ha señalado que el incremento de los inmigrantes irregulares en los últimos años es "sencillamente insostenible". Eso, sin contar a quienes entran como turistas por los aeropuertos y luego pasan a la irregularidad, "que son tantos o más que los que sí se contabilizan", ha puntualizado.

EL GOBIERNO SÓLO "AHONDA EN EL CAOS"

En este punto, ha denunciado que el hecho de que el Gobierno pretenda arreglar esta situación con una regularización "masiva y sin control" no hace más que "ahondar en el caos", sobre todo si se tiene en cuenta que el Ejecutivo habló de que el proceso afectaría a un millón de personas y ha terminado recibiendo "más del doble de solicitudes".

Y esta regularización masiva, además, considera que "no puede aislarse" de las entradas producidas en España y de las nacionalizaciones otorgadas desde el año 2018, que suman "casi cuatro millones de personas, ni tampoco de la decisión de dar la nacionalidad "con una instrucción administrativa" a 2,6 millones de personas tomando como "excusa" la "mal" llamada 'ley de nietos'.

La 'ley de nietos', que permite nacionalizar a descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por causas políticas, es en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, y los 'populares' llevan semanas denunciando que, tras su aprobación, en octubre de 2022, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública --que ocupaba Sofía Puente, hermana del actual ministro de Transportes-- publicó una instrucción para regular el proceso de nacionalizaciones por está vía "reinterpretando la ley".

El presidente de los 'populares' ha querido dejar claro que viene defendiendo desde hace "mucho tiempo" que los nietos de españoles que puedan acreditar el parentesco puedan tener acceso a la nacionalidad.

"NO HE CAMBIADO DE OPINIÓN"

"Y como no he cambiado de opinión, digo que esta ley no responde a ese objetivo porque ha sido manipulada por una instrucción administrativa de una directora general del Gobierno y ampliada no sólo a los nietos, sino también a los bisnietos y a los tataranietos", ha denunciado, incidiendo en que esa instrucción es "ilegal y nula de pleno derecho" y, por tanto, "no puede producir efectos".

Feijóo se ha referido al voto particular emitido por cuatro vocales de la Junta Electoral Central --dos juristas propuestos por el PP y dos magistrados del Supremo-- y ha destacado que sus firmantes desvelan que la gran mayoría del órgano reconoce que la instrucción de Justicia contiene disposiciones contrarias a la Ley de Memoria.

Eso sí, ha admitido que mientras nueve de los vocales consideran que la JEC no tiene competencias para actuar sobre un asunto relativo a la nacionalidad, los cuatro discrepantes opinan lo contrario y son partidarios de "derogar" la instrucción de Justicia.

El PP ya ha urgido al Gobierno a que anule de oficio esa instrucción y ha avisado de que si no lo hace, seguirán estudiando todas las vías jurídicas para dejarla sin efecto porque el Gobierno no se puede ir regalando "el vínculo más importante que tiene un Estado con los ciudadanos, que es su pasaporte y su nacionalidad". Vox, que ha pedido también la anulación de la instrucción ha anunciado que irá al Tribunal Supremo si el Gobierno no accede a su petición.

ESPAÑA NO ESTÁ DIMENSIONADA PARA 50 MILLONES DE PERSONAS

Con todo, y ante la "irresponsabilidad y la ingeniería social" que ve "detrás de esta instrucción ilegal sin precedentes en la UE ni en la democracia española", Feijóo ha explicado que el PP está trabajando en una reforma del Código Civil para ordenar la nacionalidad futura de los españoles.

"Estamos defendiendo la limpieza, y no se puede delegar en empresas públicas, ni mucho menos en empresas estatales cubanas, la inspección de la documentación de los solicitantes de nacionalidad", ha dicho.

El jefe de la oposición sostiene que España está dimensionada para atender a 47 o 48 millones de ciudadanos, "pero no a 50 millones de ciudadanos", para apuntar que con decisiones como la regularización masiva de inmigrantes y la relativa a la 'ley de nietos' se esta hablando de otorgar derechos "a casi 8 millones de personas más, sin que el Estado se haya preparado para un cambio social de esta magnitud".

Feijóo ha concluido que la inmigración "exige humanidad, pero también orden, exige solidaridad pero también reglas y exige integración, pero también capacidad", y el plan de inmigración que su partido presentó hace meses es una garantía" de ello.