Zaragoza, 15 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado que se investigue si el cambio de sexo registral de una persona denunciada por su esposa por presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica pudo realizarse en fraude de ley, al considerar que está "en juego la vulneración de los derechos de la víctima" y su protección integral.
La resolución, contra la que no cabe recurso, estima el recurso presentado por la denunciante contra la decisión del magistrado de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Zaragoza de inhibirse a favor de un juzgado de instrucción.
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El magistrado acordó esa inhibición al constatar que la persona denunciada había modificado con anterioridad a la denuncia la mención relativa a su sexo en el Registro Civil. Al figurar registralmente como mujer, entendió que la investigación correspondía a un órgano de instrucción y no al especializado en violencia sobre la mujer.
Sin embargo, la Audiencia Provincial, como expone en una nota de prensa, considera necesario comprobar las circunstancias en las que se produjo ese cambio registral. Para ello solicita que, "con la máxima celeridad", el Registro Civil facilite información sobre la inscripción para valorar "el posible fraude de ley que haya podido producirse".
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Los magistrados fundamentan su decisión en los antecedentes de violencia de género de la persona denunciada respecto de la misma víctima y en la valoración policial de "riesgo extremo".
En el auto señalan que la existencia de "varios antecedentes penales por actos de violencia de género previos a ese cambio de sexo" genera una "sospecha fundada" de que la modificación registral "pudo producirse con fraude de ley", prohibido por el artículo 6.4 del Código Civil.
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La resolución añade que, "caso de que la finalidad perseguida con la rectificación de la mención registral relativa al sexo fuera la de eludir la aplicación de la normativa específica de violencia de género, y no el libre desarrollo de la identidad sexual, estaríamos, indudablemente, ante un fraude de ley".
Hasta que se determine si el cambio registral puede revisarse y se aclare la condición registral de la persona denunciada, la Audiencia considera que "la decisión más prudente" es que la investigación continúe en la Sección de Violencia sobre la Mujer, ya que de esa circunstancia dependerá el órgano judicial competente para instruir las diligencias penales. EFE
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