Laura López
Madrid, 15 jun (EFE).- A 15 días de que termine el plazo para presentar las solicitudes para la regularización de inmigrantes, comienza la fase final de un proceso que muchos aplauden ya como un hito dentro de los trámites de extranjería pero del que algunos temen quedarse fuera según ven pasar los días en el calendario.
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Sobre todo los nacionales de ciertos países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia, para los que está siendo imposible conseguir el ansiado certificado de antecedentes penales, indispensable para hacer la solicitud.
Si, como todo parece indicar, finalmente no lo consiguen, estos ciudadanos deberán hacer su petición igual y confiar en que el Gobierno lo consiga por ellos a través de la vía diplomática prevista para estos casos.
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Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llaman a la calma y a completar las solicitudes antes del fin del plazo igualmente, confiando en este método y en la oportunidad de subsanar cualquier error más adelante.
"Que nadie se quede fuera" es el objetivo compartido estas semanas por las oenegés que acompañan a los solicitantes, el movimiento migrante que impulsó la iniciativa desde las calles, abogados especializados y el propio Ejecutivo, según han trasladado todas las partes a EFE.
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El Gobierno dejó de ofrecer datos sobre el número de solicitudes recibidas y la última que se conoce es que, hasta el pasado 21 de mayo, se habían registrado 549.596 peticiones, con 91.505 admitidas a trámite.
Lo cierto es que las admisiones a trámite, que otorgan un primer permiso provisional para vivir y trabajar en España, están llegando de forma muy desigual.
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Mientras entre muchos solicitantes cunde el pánico tras dos meses sin una respuesta que se les prometió que llegaría en un máximo de 15 días, especialistas como el abogado Vicente Marín dicen estar viendo unos "plazos razonables" en los cientos de peticiones que gestiona su despacho, Parainmigrantes.info.
Además, aunque a cuentagotas, algunos peticionarios ya han recibido con emoción las primeras resoluciones definitivas, un hito teniendo en cuenta que el plazo para ello era de hasta tres meses.
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Pero en una de las plataformas impulsoras de la medida, Regularización Ya están "bastante preocupadas" al ver que se acaba el tiempo, hay "muy pocas admisiones a trámite" y muchos de los que las han recibido no pueden, en la práctica, trabajar, según señala su portavoz, Vicky Columba.
Esto es así porque, más allá de la comunicación de admisión a trámite, hay demoras para recibir el número de la Seguridad Social y un bloqueo total para acceder a la Tarjeta de Identidad de Extranjeros: desde hace semanas, conseguir cita es misión imposible.
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Fuentes del Ministerio del Interior han precisado a EFE que la Policía trabaja permanentemente para agilizar el proceso y ha llevado a cabo operaciones para perseguir fraudes en el sistema de citación.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Mujeres Pa'lante, Bea Cantero, lamenta que "cada expediente congelado es una vida que está en suspenso" y asegura que el proceso no acaba el 30 de junio, ya que hay gran incertidumbre sobre próximos pasos, como la renovación del permiso de aquí a un año.
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Ante esta situación, la plataforma Regularización Ya ha registrado -a través de Podemos, Sumar, Eh Bildu, ERC y BNG- una PNL en el Congreso para pedir al Gobierno que facilite la legalización de documentos y que se asigne automáticamente una cita para la toma de huellas con la resolución.
También parar las deportaciones de personas en proceso de regularización, una reivindicación a la que se sumó el pasado 1 de junio el Defensor del Pueblo.
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Fuentes de Interior aseguran a EFE que ya se actúa bajo ese principio, siempre que las personas carezcan de antecedentes penales y no representen una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.
La cuarta y principal reivindicación es que se amplíe el plazo para las solicitudes más allá del 30 de junio, un escenario que el Gobierno sigue sin contemplar. EFE
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