Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

Más de dos años después de que la investigación sobre Begoña Gómez provocara los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez y abriera una de las mayores crisis políticas de la legislatura, la causa afronta este lunes una de sus citas más determinantes. La mujer del presidente del Gobierno comparecerá a partir de las 18.00 horas ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar que servirá para medir hasta qué punto el caso está realmente cerca de sentarse en el banquillo.

La cita no será un juicio, pero tampoco un trámite menor. De hecho, supone uno de los últimos pasos antes de que el instructor decida si la investigación desemboca en una vista oral con jurado popular, como viene defendiendo desde hace meses.

Junto a Gómez también están convocados la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados de una causa que ha ido creciendo y ampliando su perímetro desde que arrancó en abril de 2024. Los tres tienen obligación de comparecer personalmente. El propio magistrado advirtió en una resolución reciente de que, en caso de no acudir, podrían ser conducidos por la fuerza pública.

La audiencia estaba prevista inicialmente para el pasado 9 de junio, pero terminó aplazándose una semana después de que la defensa de Gómez solicitara el cambio de fecha por coincidir con otro procedimiento judicial.

A la cita acudirán además la Fiscalía, las acusaciones populares agrupadas en torno a Hazte Oír y la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular en una de las piezas que forman parte del procedimiento.

El momento procesal más delicado

La audiencia llega en un momento especialmente sensible para la causa. El juez Peinado ya ha dejado claro que aprecia indicios suficientes para continuar adelante con el procedimiento y plantea que Gómez sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida de marca.

Esos cuatro delitos resumen una investigación que ha puesto bajo la lupa distintos aspectos de la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno. Entre ellos, las relaciones mantenidas con el empresario Juan Carlos Barrabés, la gestión de la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense, los másteres vinculados a la misma y el uso posterior del software desarrollado en el marco de dicha actividad académica. La instrucción también ha analizado el papel desempeñado por Cristina Álvarez, asesora contratada en Moncloa y que, según las acusaciones, habría realizado gestiones relacionadas con actividades privadas de Gómez.

Tras meses de declaraciones, informes, recursos y enfrentamientos jurídicos, el procedimiento entra ahora en una fase en la que las posiciones de las partes están completamente definidas.

Por un lado, el instructor mantiene que existen elementos suficientes para seguir adelante. Por otro, la defensa de Gómez sostiene que los hechos investigados no constituyen delito alguno y que las acusaciones han actuado con mala fe. Entre ambas posiciones se sitúa una Fiscalía que lleva meses reclamando el archivo de la causa y que incluso ha anticipado que pediría la absolución de los tres investigados si finalmente se abre juicio oral.

De la absolución a 24 años de cárcel

Pocas veces una causa ha mostrado una distancia tan grande entre las peticiones de unas y otras partes. Mientras el Ministerio Público insiste en que no existen fundamentos para continuar el procedimiento, las acusaciones populares reclaman penas que alcanzan los 24 años de prisión para Begoña Gómez. Además, han solicitado medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional al apreciar un supuesto riesgo de fuga.

Las peticiones también alcanzan al resto de investigados. Hazte Oír reclama 22 años de cárcel para Cristina Álvarez por su presunta participación en los hechos investigados y solicita seis años de prisión para Juan Carlos Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Con semejante disparidad de criterios, la audiencia de este lunes se presenta como un nuevo capítulo del choque que desde hace meses mantienen instructor, acusaciones y Fiscalía en torno a una investigación que ha tenido una repercusión política inédita desde su inicio.

Lo que ocurra a partir de las 18:00 horas en Plaza de Castilla no resolverá el fondo del asunto, pero sí permitirá comprobar hasta qué punto el caso que puso en jaque a La Moncloa en la primavera de 2024 está realmente a las puertas del juicio oral o si todavía queda margen para que alguna de las partes logre frenar ese camino.