Peramato comparece el viernes en el Senado tras la polémica por reuniones de la 'trama Leire' con excargos de Fiscalía

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está llamada este viernes en la Comisión de Justicia del Senado por la mayoría absoluta del PP después de la Fiscalía General del Estado admitiera que excargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados del 'caso Leire Díez'.

Desde el PP, según manifestó en rueda de prensa su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, creen que los españoles, la Asociación de Fiscales y Anticorrupción "merecen respuestas" porque fueron "víctimas de la delincuencia de Estado del 'comando cloacas'".

Así, señaló que la fiscal general, a quien llamó "digna sucesora" de Álvaro García Ortiz --condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por el cargo por revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, tendrá que explicar "cuándo se enteró de las reuniones".

Y es que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, preguntó a la Fiscalía General si existieron visitas a su sede por parte de la exmilitante socialista Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa, o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, citado como testigo.

REUNIONES CON LEIRE Y EL ABOGADO DE CERDÁN

Fue el pasado miércoles cuando la Fiscalía General del Estado reconoció que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz estaba al frente del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Teijelo, a la postre abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa.

Según fuentes del Ministerio Público, "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas, y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Y añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas, Villafañe volvió a reunirse con el abogado. Las fuentes precisaron que, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Ante esto, la portavoz de los 'populares' en el Senado señaló que Peramato deberá responder "quién le ordenó que escondiera" las reuniones "hasta que se ha visto obligada a contarlo al juez", así como el "contenido" de los encuentros.

EL MALESTAR DE ASOCIACIONES FISCALES

Dos de las tres asociaciones fiscales --la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la tercera en número de asociados, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- han mostrado esta semana en sendos comunicados su "preocupación" e "indignación" ante los detalles revelados de los encuentros.

La AF lamentó la "insuficiente" y "vaga" respuesta de la Fiscalía General del Estado por la "presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal", en referencia a Díez, "que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes" de la carrera.

Y afirmó que "resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables" de la FGE si los hechos "carecían" de relevancia penal. Y de lo contrario, "resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación", añadió.

Por ello, reclamó una respuesta sobre "cómo se produjo esta actuación", "quién la autorizó", "qué decisiones se adoptaron" y "por qué se apartaron de los cauces ordinarios". "La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades", remacharon.

La APIF, por su parte, enfatizó la "gravedad" de las reuniones y transmitió su "intranquilidad" ante la "ausencia de respuesta" sobre tres cuestiones: "Por qué se aceptaron dos entrevistas" por parte de Villafañe, "cuál era su objetivo" y "por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción".

Incidió en que esta situación se produce cuando se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal, que tuvo que presenciar" cómo García Ortiz, "sin dimitir de su cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal", en el que la APIF formaba parte de la acusación popular.

Ante esto, la asociación urgió a la Fiscalía General del Estado a que solicite a la Inspección Fiscal que "incoe diligencias de investigación", se "recaben los datos" y se tome declaración al "penado" García Ortiz.

DÍEZ AL ABOGADO DE VILLAREJO: "OS ENCONTRARÉIS A UNA PERSONA DE FGE"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un informe al juez Pedraz en el que apuntaba que Díez habría ofrecido un pacto con la Fiscalía a la defensa de Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem'.

Ello aparecía en un documento, plasmado por la UCO de los dispositivos de Díez, que contiene una serie de instrucciones: "Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)". Y continúa apercibiendo a los destinatarios de que deben "estar preparados para la reunión".

Así, en el texto constaba que "la idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado" basado en que "el cliente aceptará una pena de cárcel", pero "no conllevará la pena de prisión" y en el que "tendrá que hacer frente a una multa económica", aunque "se preservará parte del patrimonio".

A partir de entonces, añadía, "el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento" de las diferentes causas. "La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo", indica.

Dicha colaboración habría consistido, según el documento, en la "entrega de material de audio, 'emails' y documentos comprometidos" de un listado de personas y temas, para "limpiar la corrupción del Estado".