España resolverá el asilo en frontera en 12 semanas y mientras no dará permiso de entrada

Madrid, 11 jun (EFE).- España establecerá un procedimiento de protección internacional en frontera con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, y el solicitante no podrá recibir una autorización de entrada al territorio mientras tanto y deberá permanecer en unas instalaciones habilitadas, aunque no privados de libertad.

Además, dentro de este procedimiento, que deberán seguir los migrantes que llegan en patera o cayuco a las costas españolas o sean interceptados en un intento de entrada irregular, la denegación de la solicitud de asilo conllevará el retorno y se procederá a la denegación de entrada o devolución.

Estas son algunas de las novedades de la implementación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor mañana, un plan de aplicación que se encuentra en su punto de partida y pendiente de futuros ajustes, según ha explicado en un comunicado el Ministerio del Interior este jueves.

En las peticiones de protección internacional en puestos fronterizos, el Gobierno asegura haber optado por "un enfoque garantista y respetuoso con los derechos de los solicitantes", que tendrán las garantías propias de la normativa española como asistencia jurídica, intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la posibilidad de reexamen.

Se introduce, además, un nuevo procedimiento de examen acelerado en los casos de personas procedentes de un país con una tasa de reconocimiento de protección igual o inferior al 20 % en el conjunto de los países de la Unión Europea.

Con la entada en vigor de este pacto, que consta de nueve reglamentos y una directiva, el Ministerio del Interior dejará de reconocer y renovar autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias, como las concedidas en los últimos años a ciudadanos venezolanos.

Según el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, el pacto incrementa las garantías de las personas solicitantes y mejora la detección de situaciones de vulnerabilidad a través de la evaluación individual de cada caso para ofrecer, desde etapas muy tempranas, las adaptaciones necesarias.

Entre sus novedades, el pacto introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países para reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.

Según Interior, este proceso garantiza la derivación de los migrantes a los procedimientos adecuados con la mayor celeridad y promueve que se alcance la resolución sin interrupciones ni retrasos.

Mientras dure el proceso, los nacionales de terceros países no podrán recibir una autorización de entrada en territorio y deberán permanecer a disposición de las autoridades.

España aplica ya un proceso similar, que ahora se adaptará con un formulario específico, el refuerzo de la detección preliminar de vulnerabilidades y la puesta en marcha de un mecanismo de seguimiento independiente del respeto de los derechos fundamentales, que corresponderá al Defensor del Pueblo.

El pacto prevé una mejora del intercambio de información entre autoridades para garantizar una atención eficaz y una derivación ágil a los procedimientos más adecuados.

El paquete normativo incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria, dentro del cual España ha sido identificada como 'Estado miembro bajo presión migratoria' y, por lo tanto, susceptible de ser beneficiaria de la solidaridad europea.

Para concretar la aplicación de este mecanismo, está prevista la celebración en Bruselas de una primera reunión del Foro de nivel técnico de la UE sobre Solidaridad el próximo 15 de junio.

En el comunicado, Interior ha subrayado la oposición del Gobierno a las creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo reglamento de retorno y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española por las "serias dudas" que plantea al Ejecutivo sobre su legalidad y proporcionalidad.

El ministerio ha puesto en valor que el acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y que la Comisión Europea ha situado a España entre los países que han cumplido satisfactoriamente con los hitos de su aplicación.

Para ello, ha sido necesario el fortalecimiento de los recursos humanos y los medios materiales de las unidades y servicios más afectados y el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para facilitar la interoperabilidad e intercambio de información entre las autoridades policiales, de protección internacional y de acogida.

Además de los sistemas nacionales, el pacto exige la puesta en marcha de un nuevo Eurodac, el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares, que ya no solo se aplicará a los solicitantes de protección internacional, sino que recogerá datos de todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a Europa. EFE