
Irídia-Centre de Defensa dels Drets Humans ha presentado, con el apoyo de Òmnium Cultural y de la familia Serra, un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona contra el archivo de la causa por presuntas torturas a las hermanas Blanca y Eva Serra en la comisaría de Via Laietana durante el franquismo y la transición con el objetivo de que se identifique a los responsables.
En el recurso presentado, consultado por Europa Press, la entidad rebate la argumentación del Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, que dictó el sobreseimiento provisional alegando que no constaba la identidad de los autores contra los que poder dirigir la acción penal debido a que la denunciante, Blanca Serra (fallecida en abril), manifestó que desconocía qué agentes participaron en los hechos.
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Irídia asegura que en la documentación que se le entregó a Serra, junto con el Decreto de Fiscalía de conclusiones en sede de diligencias de investigación preprocesal, que fueron incorporados al procedimiento por parte del Ministerio Público, se afirma que "constan claramente identificados" los agentes inspectores de la Segunda Brigada de Investigación (Brigada Político-Social) de la Prefectura Superior de Barcelona que participaron en los hechos.
En dicha documentación, prosigue la entidad, constan identificados por su número policial 5 inspectores de la Brigada Político-Social que practicaron las detenciones, así como la entrada y registro en el domicilio de las hermanas Serra y las declaraciones de éstas.
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Consta también identificado, por su firma en los documentos obrantes en las actuaciones, el entonces Jefe Superior de la Prefectura de Via Laietana, que en su condición de superior jerárquico conocía o debía conocer la forma de proceder de los inspectores a su cargo y, en consecuencia, habría "ordenado, permitido o consentido" el delito de lesa humanidad mediante torturas.
La entidad pide a la Audiencia de Barcelona que se acuerden diligencias de investigación que permitan la identificación plena de los responsables y señala que "resulta absolutamente preocupante y precipitado" que el Juzgado de Instrucción, sin haber practicado la mínima tarea investigadora, decida archivar las actuaciones.
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En este sentido, recuerda la obligación del Estado de investigar específicamente y de forma exhaustiva las denuncias de tortura, agotando los medios razonables a su alcance, en los casos en los que haya indicios de maltrato por parte de agentes policiales, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado hasta en 13 ocasiones a España por la vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
FISCALÍA
La entidad recuerda que la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía concluyó, en un decreto emitido en marzo, que Blanca y Eva Serra fueron víctimas de torturas por motivos políticos en el contexto de la represión franquista.
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En concreto, que sufrieron cuatro detenciones con tortura, unos hechos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad, reconociéndolas como víctimas, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática, si bien solicitó el archivo de las diligencias al considerar que no se podía identificar a los responsables, e hizo alusión a las dificultades para acceder a la documentación policial.
El decreto fue remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona, que abrió diligencias previas por la posible existencia de un delito de lesa humanidad en forma de torturas, pero que acordó, al mismo tiempo, el sobreseimiento por falta de autor conocido.
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OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR
La directora de Irídia, Anaïs Franquesa, señala que el Estado Español tiene la obligación de investigar, enjuiciar y sancionar las violaciones graves contra los derechos humanos y que "la investigación de la Fiscalía ha abierto una puerta que ha estado demasiado tiempo cerrada: los indicios para identificar a los responsables y continuar con la investigación están".
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Pese a la muerte de Blanca Serra, su familia tiene la voluntad de continuar con la causa, por lo que Irídia, con el apoyo de Òmnium, seguirá impulsando todas las vías jurídicas disponibles para avanzar en el esclarecimiento de estos hechos y la identificación de los responsables.
"La familia de Blanca Serra queremos manifestar nuestra firme voluntad de seguir con el proceso judicial que inició ella porque, como muy bien decía Blanca, no se trataba solo de su caso y el de su hermana Eva, sino también de hacer visibles las diferentes formas de represión que han sufrido muchas personas durante y después del franquismo, ya sean torturas, cárcel o exilio", afirma Marta Serra Serra, sobrina de Blanca, en un comunicado de Irídia.
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El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido la necesidad de mantener viva la memoria de las hermanas Serra, así como de todas las personas que sufrieron torturas por sus ideales políticos: "El deber de la sociedad civil, y de Òmnium Cultural en particular, es ser fieles y mantener la lealtad democrática hacia todos aquellos luchadores y luchadoras que, como las independentistas Blanca y Eva Serra, fueron reprimidas, perseguidas, humilladas y torturadas en el agujero negro que todavía supone Vía Laietana 43".
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