El órgano que protege a informantes de corrupción acumula 600 denuncias en nueve meses y tiene protegidas a 32 personas

El presidente de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), Manuel Villoria, ha explicado este martes en el Congreso que la presentación de comunicaciones ante este órgano "se ha disparado", ya acumula más de 600 en sus nueve primeros meses de funcionamiento y ha expedido certificados de protección a 32 de ellas.

Villoria ha comparecido por primera vez ante la Comisión de Justicia del Congreso para dar cuenta de la primera memorial anual del organismo, que arrancó su actividad el pasado mes de septiembre. Desde entonces y hasta diciembre recibieron 174 comunicaciones, pero ya superan las 600. "Se ha disparado, cada vez llegan y llegan más", ha comentado.

De las del año pasado casi un tercio fueron anónimas y el 15% incluían una petición de protección. En total se concedieron 17 certificados de protección sobre 26 solicitudes. Ahora tienen 43 peticiones más y el número de personas protegidas alcanza las 32.

Según ha desgranado, en cinco casos se iniciaron actuaciones por posibles represalias o incumplimientos de la confidencialidad y otros requisitos establecidos en la ley y se establecieron, en consecuencia, las actuaciones sancionadoras correspondiente. Eso sí, todavía no se ha concretado ninguna sanción por falta de tiempo para hacerlo con el "rigor" necesario, ha explicado, aunque se está trabajando en ese marco sancionador.

El 55% de las recibidas hasta enero eran sobre acciones u omisiones que eran constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, pero también hay otros "casos dudosos" sobre conflictos de intereses o mala gestión. Del total 26% se referían al sector privado, el 25% al sector público estatal, un 9% al sector público de las comunidades autónomas y otros 7% al sector público local.

NECESITAN UN PRESUPUESTO PROPIO

Respecto a las tareas pendientes, falta por desplegarse plenamente el apoyo financiero y psicológico a los informantes. El primero podrá aplicarse cuando cuenten con un presupuesto propio y para el segundo, de momento, están recurriendo a la Oficina de Asistencia Víctima de Delitos.

Villoria ha fijado como retos mejorar la ley para adaptarla plenamente a la directiva europea, así como la coordinación territorial y la firma de los convenios con las comunidades autónomas sin autoridad propia. "Hay que avanzar a un sistema homogéneo que garantice que todas las personas en el Estado español puedan acceder a un canal de forma segura y confidencial", ha incidido.

También ha subrayado la necesidad de contar con un presupuesto propio que asegure la "autonomía e independencia" del órgano y que se le dote de "personal suficiente y competente para hacer frente a las denuncias". Hasta ahora la AIPI ha ido funcionando con créditos presupuestarios del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pero la previsión es que esta colaboración finalice el próximo 30 de junio.

Se han creado 18 puestos de los que ya se han cubierto 14 todos ellos por funcionarios. Desde Vox, Emilio del Valle ha denunciado que, de esos 18 puestos de trabajo, nueve tienen rango de subdirector general y ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de un órgano que depende del Ministerio de Justicia y que, sospecha, puede estar usándolo como agencia de "colocación para sus amiguetes".

NO HAY INJERENCIAS DEL GOBIERNO

Villoria ha negado ambos extremos dejando claro que no ha recibido instrucciones ni intento de injerencia alguno por parte del Gobierno, que es él mismo quien nombra a sus contratados y que el mejor sistema es el de la libre designación con criterios de "absoluta objetividad".

"Yo no me puedo arriesgar en concurso de méritos a que lleguen personas que puedan utilizar los datos que existen en nuestras bases y descubrir quiénes son los informantes o dar información a la prensa de denuncias que son absolutamente falsas", ha dicho, agregando que no conocía de antes a las personas que ha elegido salvo a una funcionaria del Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado que estaba en otra autoridad independiente. El número dos, ha indicado, era el inspector de servicios del Ministerio de Justicia, vio su trabajo y le 'fichó'.

Ahora cuentan sólo con tres personas en el Departamento de Protección e Investigación. "No es viable", ha recalcado, recordando que la AIPI tiene que asumir las competencias de las comunidades que no cuentan con órganos equivalentes o que, aún teniéndolos, no asumen todas las competencias en la materia.

En este momento cuentan con este tipo de órganos Cataluña, Galicia, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Navarra, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, Euskadi y Asturias. Pero aún no la tienen Extremadura, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Para poder actuar en estas últimas, hay que firmar convenios con urgencia pues España se expone a sanciones europeas si deja sin protección a los informantes de esos territorios.

Villoria también ha defendido la permanencia de la AIPI con todas sus competencias actuales en el marco de la creación de la nueva Agencia Independiente de Integridad Pública, ya sea dentro o fuera de la misma.

El compareciente ha recordado al 'popular' Fernando de Rosa que para luchar contra la corrupción no basta con las leyes, sino que se necesitan procedimientos y órganos "independientes" que funcionen. "La sociedad necesita ver que sus denuncias llegan a algo y que no existen represalias. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir acusándonos mutuamente y diciendo que las cosas están muy mal", ha agregado.

MEJORAR LA LEGISLACIÓN

Además, Villoria ha urgido a modificar la Ley de Protección al Informante para adaptarla a la directiva europea correspondiente y evitar posibles sanciones europeas. A su juicio, hay que extender la protección a quienes reporten delitos no sólo ante estos órganos administrativos, sino también la Fiscalía, el juzgado de guardia o las fuerzas de seguridad, y también eliminar el límite de dos años para esa protección, habida cuenta de que la directiva no pone tope temporal.

Asimismo, ha alertado de que choca con la legislación europea que se deje sin protección a quienes vean inadmitidas sus denuncias por parte de un canal interno y ha reclamado poder adoptar "medidas cautelares" para garantizar una "urgente y efectiva desde el primer momento" y evitar la consumación de represalias.

En este contexto, la AIPI demanda poder "suspender actos de represalia", que quien las tome tenga que indemnizar a quien las sufra y contemplar mecanismos de mediación entre el denunciante y el denunciado para evitar la materialización de esos castigos.

La memoria alerta también de que la ley limita la protección a las infracciones administrativas "graves o muy graves", dejando fuera un amplio espectro de conductas irregulares como la "mala gestión" o el "derroche" que, a juicio de Villoria, habría que incluir.

De la misma manera cree que deben poder ser objeto de protección las personas que intervienen en la gestión de las informaciones por supuesta corrupción así como a los trabajadores que comunican las irregularidades en cumplimiento de sus deberes profesionales (interventores, secretarios-interventores, letrados, etcétera).