El Plan Social para el Clima destinará 4.700 millones a la vivienda y 4.300 al transporte

Madrid, 25 may (EFE).- El futuro Plan Social para el Clima, presentado este lunes en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movilizará inversiones hasta 2032 por valor superior a los 9.000 millones de euros, de los que algo más de 4.700 millones irán destinados a la vivienda y cerca de 4.300 millones al transporte, con el fin de acelerar la transición energética en ambos sectores.

Los hogares mas vulnerables recibirán una atención especial, ha adelantado el presidente, con ayudas para la rehabilitación de viviendas y barrios enteros con el fin de que "consuman menos energía, reduzcan emisiones y, sobre todo, reduzcan facturas".

El plan, con vigencia entre 2026 y 2032, también impulsará la nueva vivienda social con los estándares energéticos más elevados, porque "la vivienda pública debe ser sinónimo de calidad energética", y apoyará las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo.

En cuanto a la modernización y descarbonización del transporte, el plan presentado prevé reforzar la movilidad rural de la mano de las comunidades autónomas y poner en marcha un abono único que permitirá la práctica gratuidad del transporte público urbano, metropolitano e interurbano.

Los autónomos, las microempresas y las pymes recibirán ayudas para renovar sus vehículos y adaptarse a una movilidad más limpia y más barata y se acelerará la electrificación del transporte comercial y del transporte aéreo, ha añadido Sánchez, que ha establecido "una evidente correlación directa" entre la tensión del transporte y los fenómenos meteorológicos extremos.

"La transición verde no es solo la respuesta a un desafío generacional. También nos sale a cuenta. Renta", ha afirmado, tras incidir en el concepto de la transición justa. "No vamos a permitir que el coste de la transición ecológica recaiga en los más vulnerables".

El espíritu del plan, ha dicho, "es que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo".

Al acto de presentación, en el Espacio Rastro de Madrid, han asistido también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Aagesen ha indicado que el plan se lanza ahora a una segunda fase de audiencia pública con el fin de "remitir una propuesta a Bruselas antes de fin de año".

"Es un instrumento fundamental en tiempos con desafíos cada vez más conectados", ha dicho. Debe ser "motor de justicia y equidad".

La ministra ha invitado a seguir apostando por la agenda verde "también a escala cotidiana". El plan, ha añadido, impulsa "la revolución verde para todos, empezando por los hogares, los autónomos y los territorios más vulnerables", sobre las dos palancas de la vivienda y la movilidad.

Oscar Puente ha recordado que un 23 % de los habitantes de las zonas urbanas no tienen una movilidad pública garantizada. En el ámbito rural ese porcentaje se eleva al 93 %.

El ministro ha dicho que el plan representa la primera oportunidad para la transición verde en el ámbito de la movilidad y contribuye a que los ciudadanos vean en la transición ecológica "una oportunidad".

Para la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan es un paso ante el desafío del acceso a la vivienda a un precio digno y asequible.

"Tenemos un camino ya trazado, con el plan de recuperación y los fondos Next Generation, y este plan es un segundo impulso y será aún más justo", ha afirmado durante la presentación.

La elaboración de planes sociales nacionales para el clima está prevista en el paquete normativo europeo Objetivo 55; deben contener medidas e inversiones para reducir las emisiones de CO2 en los sectores del transporte por carretera y los edificios y disminuir los costes para consumidores y microempresas vulnerables.

Los planes nacionales europeos se nutren del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará un máximo de 65.000 millones de euros entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que un 10,52 % corresponderán a España. Además, cada Estado deberá aportar adicionalmente un 25% del importe de su plan con cargo a sus propios presupuestos, lo que en el caso de España rondará los 9.000 millones. EFE

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