El Gobierno ha sacado a audiencia pública el Plan Social para el Clima, un programa dotado con 9.099 millones de euros hasta 2032 para proteger a los hogares y microempresas vulnerables frente al encarecimiento y la volatilidad de los combustibles fósiles. El plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, centrará sus principales medidas en vivienda y transporte, con especial atención a familias con bajos ingresos, zonas vulnerables y colectivos con menos alternativas de movilidad.
La mayor partida se destinará a edificios. En total, el Ejecutivo prevé movilizar 4.723 millones de euros para impulsar la rehabilitación energética, mejorar el confort térmico de las viviendas y promover vivienda asequible. Otros 4.376 millones irán al transporte, con actuaciones para abaratar el acceso a la movilidad sostenible, renovar flotas, reforzar el transporte público y facilitar alternativas al coche privado, especialmente en zonas rurales.
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Más vivienda asequible y rehabilitación energética
El bloque de edificios será el principal eje del plan. La medida con más dotación será la promoción de vivienda asequible, con 1.813 millones de euros. Esta línea permitirá financiar nueva vivienda social y rehabilitar edificios actualmente sin uso residencial, siempre con altos estándares de eficiencia energética.
El Gobierno también prevé destinar 1.220 millones a la rehabilitación de barrios y entornos urbanos vulnerables. Estas actuaciones se dirigirán a zonas con mayores índices de vulnerabilidad e incluirán mejoras en aislamiento, climatización renovable y redes de calor y frío. Además, habrá 923 millones para rehabilitar edificios residenciales donde vivan hogares vulnerables y otros 278 millones para intervenciones en viviendas individuales.
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El objetivo es reducir el consumo energético de los hogares, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la habitabilidad de las casas ante episodios de calor, frío extremo o subidas de precios de la energía. El plan también contempla 300 millones para comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, con la obligación de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.
Abono social, movilidad rural y ayudas al vehículo eléctrico
En transporte, el Ejecutivo prevé dedicar 4.376 millones a medidas de movilidad sostenible. La mayor partida, de 2.269,6 millones, irá a la descarbonización del transporte por carretera, con ayudas para renovar flotas de microempresas vulnerables, sustituir vehículos pesados por eléctricos, apoyar la compra de vehículos eléctricos ligeros para autónomos y desplegar puntos de recarga.
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El plan también incluye 964,8 millones para transporte público asequible y accesible. Dentro de esa cantidad, 740,5 millones se reservarán para el llamado Abono Único Social, dirigido únicamente a colectivos vulnerables, como perceptores del Ingreso Mínimo Vital, con viajes ilimitados y tarifas reducidas.
Otra de las líneas destacadas será la movilidad rural a demanda y compartida, con 702 millones. El objetivo es reducir la dependencia del coche privado en municipios con menos alternativas de transporte, mediante plataformas digitales, flotas de cero emisiones y servicios compartidos.
Audiencia pública hasta el 29 de junio
El Plan Social para el Clima estará en audiencia pública hasta el 29 de junio. Después, el Gobierno prevé remitirlo a la Comisión Europea antes de que termine 2026 para su aprobación definitiva. El Ejecutivo defiende que el programa debe servir para pasar de medidas temporales de protección, como los escudos sociales, a inversiones estructurales que reduzcan de forma permanente la factura energética y la dependencia de los combustibles fósiles.
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El diseño del plan tendrá en cuenta criterios de vulnerabilidad socioeconómica, como la renta, la composición familiar, la presencia de personas dependientes o la situación de víctimas de violencia de género. Según ha indicado el Gobierno, las mujeres, especialmente las que encabezan familias monoparentales o asumen cuidados no compartidos, se ven más afectadas por la pobreza energética y de transporte.
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