La AP-9, a un paso de ser transferida a Galicia: PSOE, BNG y Sumar ultiman el acuerdo

PSOE, BNG y Sumar han cerrado un pacto sobre la ley de la AP-9 que acerca la transferencia de la autopista a Galicia. El acuerdo incluye una de las principales demandas del Parlamento gallego: que la Xunta asuma no solo la gestión de la vía, sino también su titularidad.

El texto llega a las puertas de la reunión de la ponencia del Congreso prevista para este martes, donde, salvo sorpresa, será validado para continuar después su tramitación parlamentaria. Una vez aprobada la ley, las condiciones concretas del traspaso deberán negociarse en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.

Según el pacto al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo de la ley será transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la AP-9, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y las funciones y servicios vinculados a la autopista.

La propuesta supone un cambio respecto a la posición inicial de los socialistas, que habían planteado una enmienda que evitaba incluir la titularidad. Finalmente, el acuerdo recoge esa transferencia, en línea con lo reclamado de forma unánime por el Parlamento de Galicia.

El PP no forma parte del pacto, aunque había expresado su disposición a apoyar un texto que se mantuviese fiel a lo aprobado por la Cámara autonómica. Las fuentes consultadas por la agencia sostienen que el acuerdo se cerraría con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las competencias que se incluirían en el traspaso

El texto pactado establece que la Administración General del Estado y la Xunta deberán elevar a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo para concretar las condiciones y los límites de la cesión. Ese acuerdo deberá aprobarse después mediante real decreto.

Entre las funciones que se transferirían figura la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los ya existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También se abordará la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la AP-9, de acuerdo con la normativa general de carreteras y con los pliegos que regulan la concesión.

La propuesta incluirá además la potestad sancionadora frente a posibles incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la vía. Otro de los puntos clave será la capacidad para intervenir en el régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relativo al establecimiento, actualización o supresión de tarifas y peajes, así como en la aplicación de programas de descuento.

Qué pagará el Estado y qué asumirá la Xunta

El acuerdo también fija cómo se repartirán las obligaciones económicas asociadas a la concesión. El Estado mantendrá a su cargo los compromisos derivados de decisiones adoptadas antes del traspaso, incluidas las bonificaciones, las obras previstas y las repercusiones económicas vinculadas a la concesión vigente.

Esto significa que las consecuencias de las medidas aprobadas por la Administración estatal antes de que la autopista pase a manos de Galicia seguirán recayendo sobre el Gobierno central. El texto precisa que el acuerdo de transferencia deberá garantizar que esos compromisos económicos se respeten dentro de los límites vigentes en el momento del traspaso.

La Xunta, por su parte, asumirá los costes de las decisiones que adopte una vez sea efectivo el cambio de titularidad. Esto afectará a cualquier modificación que promueva sobre el régimen económico-financiero de la concesión. El texto pactado también establece que cualquier medida impulsada por la comunidad autónoma que suponga un incremento de los compromisos económicos deberá ser asumida íntegramente por la propia Xunta.

De este modo, el acuerdo diferencia entre las obligaciones generadas antes de la transferencia, que seguirán correspondiendo al Estado, y las que se deriven de decisiones posteriores, que recaerán en la Administración gallega.