El entorno de Zapatero intervino ante el general chavista que controlaba el espacio aéreo venezolano para garantizar los vuelos de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero envió un mensaje desde su teléfono móvil a su amigo Julio Martínez Martínez el 31 de julio de 2021 que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional interpreta como una felicitación por haber logrado, a través de gestiones ante el régimen venezolano, la autorización de vuelos para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. El mensaje, remitido desde un contacto registrado en el teléfono del empresario alicantino como “Z”, decía: “En tiempo y forma. Exitosa gestión...”

Ese mismo día, Martínez Martínez trasladó la noticia al general venezolano Juan Manuel Teixeira Díaz, entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela: “Plus Ultra me indica que los vuelos están oficialmente aprobados. Muchas gracias por su ayuda”. La secuencia de mensajes, recogida en el informe 1907/26 de la UDEF fechado el 22 de abril de 2026 y al que ha tenido acceso Infobae, constituye uno de los ejes del caso que investiga el juez José Luis Calama en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

La investigación no se limita a las gestiones que, según la UDEF, ejerció la red liderada por Zapatero para que Plus Ultra obtuviera el rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. El informe policial documenta una segunda línea de actuación paralela: la intervención ante las autoridades de Caracas para garantizar que la aerolínea pudiera operar en la ruta Madrid-Caracas durante un periodo en el que ese corredor aéreo tenía un valor estratégico y económico excepcional.

El monopolio de facto en plena tramitación del rescate

Desde febrero de 2021 y hasta bien entrado ese año, el INAC había bloqueado los vuelos regulares de Iberia y Air Europa con el argumento de las restricciones pandémicas. Solo Plus Ultra operaba en la ruta entre Madrid y Caracas, un monopolio de facto que coincidió exactamente con el periodo de tramitación del rescate estatal español. Teixeira presidió el INAC entre 2020 y 2023 antes de ser designado al frente de la Sociedad de Bienes Recuperados (SBR), el organismo del régimen de Nicolás Maduro encargado de la expropiación de bienes a opositores.

El vínculo entre Martínez Martínez y Teixeira arranca en marzo de 2021, apenas seis días después de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate a Plus Ultra. El presidente del INAC contactó entonces con el empresario alicantino para trasladarle que la aerolínea acumulaba una deuda impagada de 258.618 dólares (222.200 en euros) con el organismo venezolano. El convenio de pago firmado entre ambas partes advertía de que el incumplimiento de los plazos acarrearía la pérdida del derecho a realizar pagos parciales y, en última instancia, la suspensión de los permisos de vuelo.

Vuelos sin autorización y una deuda sin saldar

La situación se agravó en julio de 2021, cuando el INAC detectó que Plus Ultra había comercializado vuelos en la ruta Caracas-Madrid sin contar con la autorización del organismo venezolano. “Esos vuelos no cuentan con aprobación”, advirtió Teixeira directamente al vicepresidente ejecutivo de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien respondió: “Lo sé, mi general, esperemos que sean aprobados”. El general fue más explícito aún en una comunicación posterior a Martínez Martínez: “La culpa es de la aerolínea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino”, y reclamó que se protegiera a los pasajeros afectados.

El 30 de julio de 2021, Martínez Martínez volvió a contactar con Teixeira para pedirle que intercediera en la autorización de un vuelo concreto de Caracas a Madrid previsto para ese fin de semana. El general respondió con dos capturas de pantalla que mostraban los únicos vuelos autorizados: “Esos son los vuelos. No hay más”. Al día siguiente, el contacto registrado como “Z” en el teléfono de Martínez Martínez enviaba su mensaje de felicitación. Horas después, el empresario confirmaba a Teixeira que los vuelos habían sido aprobados.

La intervención de Delcy Rodríguez, meses antes

El informe de la UDEF recoge también una gestión anterior, producida en febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate. Según los mensajes analizados por los investigadores, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, autorizó directamente a Plus Ultra seis vuelos regulares entre Madrid y Caracas sin necesidad de una nota diplomática de la embajada española. El mensaje que la número dos de Maduro habría trasladado a Martínez Martínez era: “Que Plus los pida directamente al INAC y diga que están autorizados por Vicepresidencia”.

Ese episodio aparece recogido en conversaciones entre directivos de Plus Ultra en las que se alude a una comida en la que Martínez Martínez les habría comunicado la autorización obtenida gracias a Delcy Rodríguez. La UDEF lo encuadra como parte del patrón de influencias que la red ejerció a favor de la aerolínea, tanto en España como en Venezuela.

El juez y la imputación de Zapatero

El juez Calama, en el auto de imputación de Zapatero de 88 páginas, califica estos hechos como tráfico de influencias y sitúa al expresidente como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada” cuya finalidad era “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. El magistrado estima que Zapatero y su entorno habrían percibido comisiones irregulares por un importe total cercano a 1,95 millones de euros.

Zapatero, citado a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, negó en un vídeo haber recibido comisión alguna de Plus Ultra. Los delitos que se le atribuyen son blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Teixeira, por su parte, abandonó la presidencia del INAC en 2023 y pasó a dirigir la SBR, el organismo con el que el régimen venezolano ha incautado más de 10.000 bienes a opositores.