
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha aprobado este martes una propuesta para suspender la inmunidad parlamentaria del líder de Se acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, esta vez para que sea juzgado por el Tribunal Supremo (TS) por la presunta financiación ilegal de su partido.
El voto en comisión se trata del primer paso para que el eurodiputado responda ante las autoridades españolas, si bien la decisión definitiva no se conocerá hasta que el mismo informe sea sometido en el próximo pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), en una votación prevista para entre los días 18 y 21 de mayo, según han confirmado fuentes europeas.
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El Supremo solicitó a la Eurocámara que retirase la inmunidad a 'Alvise' para poder investigarle por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.
Concretamente, el alto tribunal investiga un pago de 100.000 euros que le realizó el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', para Se Acabó la Fiesta (SALF) de cara a las elecciones europeas de 2024.
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De aprobarse en pleno, sería la segunda vez que el Parlamento Europeo levanta la inmunidad a 'Alvise', después de que el pasado 28 de abril una mayoría de eurodiputados permitiera que el Supremo le pudiese procesar por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
Además de la causa por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert y la presunta financiación irregular de SALF, el Supremo tiene otras tres causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.
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También tiene otra más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a las elecciones europeas de 2024 y posteriormente rompieron con el partido; y una quinta y última causa abierta el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.
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