El alto coste de alertar sobre irregularidades y corrupción en España: “Las represalias son una estrategia destinada a la destrucción profesional y psicológica”

Un profesional que trabajaba en una entidad pública vinculada a la gestión de recursos esenciales en España un día empezó a detectar una serie de irregularidades graves dentro de esta empresa que afectaban a la contratación pública y a actuaciones ilegales y negativas al medioambiente.

El principal problema que identificó fue una serie de prácticas que podían suponer una captación de recursos naturales que estaba por encima de los límites legales en un contexto especialmente vulnerable de sequía. Aparte, pudo ver irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos, en conflictos de intereses y uso indebido de fondos para gastos que no estaban justificados. Su primera respuesta, siguiendo la obligación de sus funciones, fue intentar canalizar estas situaciones a través de vías internas.

Sin embargo, la respuesta nunca llegó y, además de no corregirse estas irregularidades, pudo comprobar que estaban siendo encubiertas. Así solo le quedó una salida: los canales externos oficiales de denuncia. Así consiguió que se iniciara una investigación sobre posibles delitos que afectaban al interés público, algo que no habría ocurrido sin su intervención, pero que aun así tuvo graves consecuencias contra él.

Cuando comunicó estas irregularidades, sufrió todo tipo de represalias: comenzaron con aislamiento profesional, quitándole poco a poco de sus funciones y anulándole como profesional. Hubo una serie de procedimientos disciplinarios hasta que llegó su despido, a lo que se suma el coste económico y psicológico para defender sus derechos.

“Las alertas desaparecen en un ‘agujero negro’ de silencio institucional”

Esta es solo una de las historias que ha permitido la creación del Informe de Análisis de Necesidades por parte del equipo del proyecto Voiceguard: Whistleblower Empowerment & Support Initiative, que, a través de diferentes entrevistas a informantes, ha llegado a una conclusión clara: “Es urgente un cambio estratégico fundamental tanto en la concepción como en la implementación de la protección de las personas informantes para salvaguardar la seguridad de un pilar clave en la defensa del bienestar público y el cumplimiento de la legalidad”, tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea.

Y es que, aunque son figuras muy desconocidas, los informantes son una pieza clave dentro de las democracias, que están defendidas en la directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo que nació tras varios escándalos como los ‘Panama Papers’. Este escrito les describe como “una persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenida en el contexto de sus actividades laborales”.

El informe se ha realizado mediante entrevistas a diferentes personas que encajan en este patrón de cinco países de la Unión Europea (República Checa, España, Bulgaria, Rumanía, Grecia y Luxemburgo), siendo los únicos datos positivos los de este último país. “Mientras que el 80% de la cohorte de Luxemburgo consideró que su denuncia se gestionó de forma profesional, solo un 12,5% en los otros cuatro países compartía esta opinión”, asegura este informe.

Las conclusiones a las que llega el proyecto Voiceguard son que existen tres grandes problemas sistémicos:

1. Los canales internos de alerta suelen actuar como una fachada, creando una falsa sensación de cumplimiento mediante una hostilidad procedimental. “Las alertas desaparecen en un ‘agujero negro’ de silencio institucional, una táctica que erosiona la confianza”, aseguran.
2. Las represalias rara vez consisten únicamente en un despido; son una estrategia calculada destinada a la destrucción profesional y psicológica. La primera reacción de una organización no suele ser investigar la alerta, sino desacreditar a la persona, utilizando tácticas adaptadas al perfil del informante para maximizar su vulnerabilidad.
3. Todo el sistema de protección se ve debilitado por un importante fallo estructural: depende de soluciones a posteriori. Las personas profesionales del derecho señalan un grave desajuste temporal entre la rapidez de las represalias y la lentitud de la justicia. Este retraso hace que las posibles victorias legales posteriores sean en gran medida simbólicas, llegando cuando el daño ya está hecho.

Informarse antes de denunciar

En el caso concreto de España, la ley que debía responder a la directiva europea no llegó hasta 2023. “Muy tarde”, según lo describe a Infobae Carmen Coleto, responsable de este proyecto por parte de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y que trabaja como ‘researcher and trainer’ en VoiceGuard.

“Se traspuso de una manera, por así decirlo, poco trabajada, escrita de una manera para que no se aplique efectivamente”, denuncia y añade que a través de las entrevistas que han llevado a cabo ven un patrón muy claro en la falta de apoyo económico y financiero, algo que la ley recoge como necesario.

La voluntad política también parece inexistente para conseguir cambiar esta situación por una razón clara: “Es difícil porque al final estas personas son como un perro guardián desde el interior, entonces que exista la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar una irregularidad muchas veces no se quiere. No creo que sea casualidad el hecho de que muchas veces no se persiga una transparencia dentro de determinadas organizaciones”.

A esto se suma, según Coleto, que en España siempre ha existido “la cultura del chivato”, de no meterte en problemas ajenos o de no “muerdas la mano que te da de comer”. “Como que pensamos que no merece la pena involucrarnos en estos temas, porque las represalias son muy grandes y no estás dispuesto a cambiar un panorama a costa de tu sacrificio”, añade.

Sin embargo, incluso con esta situación, anima a toda persona que esté ante cualquier tipo de irregularidad o caso de corrupción a que denuncie. “Yo animaría a la gente a que lo hiciera, porque me parece necesario, a pesar de los peligros que existen, pero que se informen mucho antes de antes de alertar y que sepan cómo protegerse frente a ello”, explica.