El Gobierno promete aprobar 179 normas sin la fórmula para levantar el bloqueo de Junts: una ley sanitaria acumula 79 prórrogas en el Congreso

El Gobierno confía en retomar la iniciativa parlamentaria con un plan de 179 normas que tiene previsto aprobar en 2026. Las que dependen del Congreso, está previsto hacerlo antes de finalizar el curso parlamentario, en junio, a pesar de que el Ejecutivo todavía no tiene una fórmula para recuperar la mayoría en el Congreso.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió que el Gobierno es capaz de revertir esta situación de bloqueo porque, incluso en la “compleja, pero razonable” realidad parlamentaria que se ha vivido en el primer ecuador de la legislatura, “en este Congreso plural, complejo y distinto”, se han aprobado 62 leyes. “Es una tarea absolutamente hercúlea. El Parlamento nacional es el parlamento que más leyes aprueba en España”, aseveró.

En total, se trata de 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. El 46% de ellas se encuentra en tramitación parlamentaria. Esto es, que fueron aprobados por Moncloa a la espera de ser convalidados por la Cámara Baja. Junts per Catalunya anunció el pasado noviembre su paso a la oposición, y desde entonces han tirado la mayoría de las normas que ha traído el equipo de Pedro Sánchez.

Por esta razón, Bolaños pareció pasar por alto que muchas de esas leyes han caído ya (concretamente, 22), y otras muchas permanecen desde hace más de un año en el limbo del Congreso, atrapadas en la infinita ampliación de plazo de enmiendas, precisamente, por el bloqueo del partido de Carles Puigdemont. Algunas de las leyes que el Gobierno ha traído acumulan hasta 79 prórrogas, como es el caso de la Ley de Familias, que ostenta el récord.

Pero no es la única medida sanitaria. También está bloqueado el bautizado como trío de leyes sanitarias: la Ley de medicamentos, la Ley antitabaco o la ley anti-privatizaciones (tres normas que emanan de la Ley Darias).

Por ser ministro de este ramo, a Bolaños le ha tocado pelear, sin éxito, el saco de leyes de Justicia consideradas prioritarias. Entre ellas, la ley de enjuiciamiento criminal, aparcada por más de un año, que contempla la desaparición de figuras judiciales como el juez de instrucción y extiende el mandato del Fiscal General del Estado a 5 años. La Ley de Eficiencia Judicial o la de Enjuiciamiento Civil (Lecrim) también fueron aprobadas por Moncloa en 2025 y continúan bloqueadas en el Congreso por falta de mayorías.

También han encallado proyectos legislativos como el impulsado por la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, la ley de democracia de empresas, que prohíbe despidos a empresas que se deslocalicen fuera de la UE. El Congreso ya vetó su tramitación con el ‘no’ de Junts y Díaz fue obligada a retirarla.

Los presupuestos, el deber constitucional

La primera ley del plan es el proyecto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, una tarea que el Gobierno lleva arrastrando desde hace años: mantiene prorrogados los de 2023. El Gobierno volvió a incumplir el pasado 2025 el plazo constitucional para presentar las nuevas cuentas públicas de cara a ese año, ante la imposibilidad de recabar los apoyos suficientes del resto de fuerzas políticas.

El Ejecutivo ha encontrado en la guerra de Irán el argumento para seguir ganando tiempo y no dar una fecha. “Ahora no es el momento”, insitió Bolaños, que añadió que la inestabilidad internacional hace “muy difícil” diseñar un “cuadro macroeconómico preciso”. En todo caso, el ministro mantuvo que el compromiso del Gobierno es presentarlos. El Ejecutivo ya inició el procedimiento presentando la senda de estabilidad, el paso previo, pero no esencial para aprobar los Presupuestos. Y desde entonces, ha perdido la votación en el Congreso en repetidas ocasiones (las dos últimas a finales del pasado año).