García Ortiz critica que se le condenó sin pruebas y se sintió "maltratado" por el novio de Ayuso y 'MAR' en el juicio

El ex fiscal general del Estado Álvaro García ha sostenido que el Tribunal Supremo le condenara sin "carga probatoria" en su contra y ha asegurado que se sintió "maltratado" y "señalado" a lo largo del juicio por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

"Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio", ha asegurado García Ortiz en el programa 'Lo de Évole' de 'La Sexta', en su primera entrevista desde su condena el pasado noviembre.

El que fuera fiscal general del Estado ha reconocido que el fallo fue "duro" y una "sorpresa" porque estaba convencido de que sería absuelto, al tiempo que ha reiterado que no fue el origen de la filtración de correos entre la defensa de González Amador y un fiscal sobre presunto delito fiscal del novio de Ayuso.

Al mismo tiempo, ha confesado que fue "doloroso" ver la intervención de González Amador en el juicio. "Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia", ha afirmado, apuntando al mismo tiempo a Rodríguez. "Fueron dos momentos difíciles en el juicio", ha añadido.

En este punto, García Ortiz ha defendido que cualquier persona que "se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona".

CONDENADO A DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 a González Amador por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador punto.

El ex fiscal general solicitó en abril al Tribunal Constitucional (TC) que anulara la condena que le impuso el Tribunal Supremo, defendiendo que en su actuación "existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella".

Por su parte, el Ministerio Público también ha recurrido la sentencia ante el TC, ya que considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.