Redondo defiende más educación y prevención para que haya menos abortos, no su restricción

Madrid, 30 abr (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que el blindaje constitucional del aborto pretende que un derecho ya reconocido "sea plenamente garantizado" y ha defendido que para que haya menos interrupciones voluntarias del embarazo, el camino no es la restricción, sino "más educación, más igualdad y más prevención".

De esta forma se ha pronunciado Redondo este jueves en el pleno del Congreso para defender la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la sanidad pública durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox que piden la devolución del texto.

Tras incidir en que la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad "no está en cuestión" en España, ha subrayado que sí lo está el "ejercicio real y efectivo" a la interrupción voluntaria del embarazo.

"La libertad no está en duda, pero ¿de qué sirve si no podemos ejercerla en condiciones de seguridad, de igualdad y de plenitud en todo el territorio?", ha cuestionado Redondo antes de señalar que el 79 % de las prácticas abortivas se producen en centros privados y solo el 20 % en centros públicos.

Y ha remarcado las "diferencias territoriales muy sustantivas" que existen dependiendo de la comunidad autónoma: en Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra el 75 % de loa abortos se practicaron en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje "no llegó ni siquiera al 10 %".

Unas cifras, ha puntualizado, "particularmente bajas" en Andalucía (con un 0,2 %) y en Madrid (0,4 %), donde además su presidenta, Isabel Díaz Ayuso "directamente manda a las mujeres a abortar a otro lado", ha dicho.

"No estamos hablando de los años 40, 50, 60 del siglo pasado, es hoy, en España, con una democracia asentada, con un sistema público de salud que es la joya de nuestra corona", ha aseverado Redondo, quien cree que ninguna mujer debería verse obligada a pasar por una situación así "cuando simplemente quiere ejercer su derecho".

Según ha dicho, el objetivo de esta reforma es "terminar con esa desigualdad" y garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto porque no puede haber "mujeres de primera y de segunda", para lo que se propone reformar el artículo 43 de la Carga Magna, un proyecto que cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado "por amplia mayoría" y que no observa "obstáculo jurídico".

Después de reprochar a PP y Vox que no propongan un texto alternativo al proyecto y solo pidan la devolución al Gobierno, la ministra les ha pedido "altura de miras" y que retiren sus enmiendas a la totalidad para poder tener un debate "riguroso y honesto" en el Parlamento.

"Si de verdad el objetivo es reducir el número de interrupciones voluntarias del embarazo, es imprescindible actuar sobre sus causas. La respuesta no puede ser la restricción del derecho", ha destacado la ministra, que ha defendido que para que haya menos abortos "el camino es claro: más educación, más igualdad y más prevención".

Redondo ha asegurado que este debate "incomoda a algunos grupos parlamentarios", especialmente al PP porque "les sitúa ante una realidad social ampliamente asentada y ante posiciones que no siempre son homogéneas, ni siquiera dentro de su propio partido ni tampoco entre sus votantes".

Les ha instado por ello a "volver a la senda de la defensa de los derechos de las mujeres" y a ser, "como lo han sido en otro tiempo, un partido de Estado".

"Es nuestra responsabilidad histórica blindar los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución con todas sus dimensiones, precisamente en un contexto internacional en el que los derechos sexuales y reproductivos están siendo la punta de lanza de la batalla ideológica. Una democracia sólida no puede esperar a que los derechos se cuestionen para defenderlos, tiene que anticipar su blindaje y garantía", ha concluido la ministra.

Si se rechazan las enmiendas a la totalidad, el texto continuará su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado. En caso contrario, la iniciativa se devuelve al Ejecutivo y finaliza su tramitación. EFE