Titulares de la decimotercera jornada del juicio del caso Kitchen

Madrid, 29 abr (EFE).- Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación del caso Gürtel y de la contabilidad B del PP, ha protagonizado la decimotercera jornada del juicio por la operación Kitchen con su declaración como testigo, en la que ha asegurado que constató que hubo una investigación paralela sin "autorización" judicial al extesorero Luis Bárcenas y su familia.

Morocho, cuya testifical se ha prolongado cuatro horas y continuará mañana, ha relatado las presiones que sufrió por parte de sus superiores cuando el juez instructor del caso Gürtel le encomendó analizar la veracidad de los papeles de Bárcenas con la contabilidad "extracontable" del PP, y ha desvelado que le llegaron a pedir que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy.

En agosto de 2015, al recibir un correo interno con información del extesorero del PP, una cesión de información de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), constató que existía "una operación policial sin contar con la autorización judicial" sobre Luis Bárcenas y su entorno.

En aquella comunicación aparecían "una serie de personas, teléfonos, personas relacionadas, vehículos, lugares, sociedades" relacionadas con Bárcenas. Los datos no eran relevantes para la investigación de los papeles, en la que ya se había abierto juicio oral, pero para Morocho fue la constatación de lo "que ya suponía, en base a un conjunto de indicios", la existencia de una operación sobre Bárcenas y "contra" su grupo investigador.

Morocho ha relatado también las presiones de sus superiores cuando se le encargó a principios de 2013 un informe sobre los papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP y ha desvelado que se le instó a que no apareciera el nombre de Mariano Rajoy, y a que retirara de un informe los nombres de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su exmarido Ignacio López del Hierro.

En el caso de Rajoy "se individualizó expresamente que esa persona no saliera", ha explicado Morocho, que también ha relatado cómo la introducción de otro nombre, el de López del Hierro, generó "desasosiego en toda la escala de mandos".

"Me dijeron que estos eran unos papeles que a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas, que no tenía ninguna verosimilitud, que a saber eso por qué él lo habrá escrito y que son, en cualquier caso, cosas de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba, y que la contabilidad es la que estaba reglada por el Tribunal de Cuentas y presentada entonces", ha expuesto. Cree que se buscaba "desvalorar los informes" para que no aparecieran indicios que permitieran construir una prueba.

Además de presiones y de carga excesiva de trabajo, ha relatado los intentos de apartarle asignándole un nuevo puesto y ha recalcado que sus superiores ya no sabían cómo quitarle "del medio", que en el fondo "era el objetivo final".

En este sentido ha apuntado, sobre todo, al que era su jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, al que ha atribuido una "presión sistemática" y quien le ofreció un puesto en Lisboa, que el rechazó, durante un encuentro en el que este superior dijo haber cogido una llamada al respecto del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también en el banquillo.

Según Morocho, Olivera le pidió un documento de su investigación en Gürtel que permitió identificar a L.B como Luis Bárcenas, un fax intercambiado entre Pablo Crespo y el extesorero, y después le dijo: "Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal -Dolores de Cospedal, secretaria general del PP- y lo tiene en su caja de seguridad".

"Me quedé estupefacto (...) no sabía qué decirle, sinceramente, ni por dónde me venían los tiros. Era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba (...) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación", ha explicado.

Según su relato, se trató de dilatar la presentación al juez del informe sobre el exalcalde de Pozuelo Luis Sepúlveda y marido de la exministra de Sanidad Ana Mato, cuyo contenido derivó en que esta fuera juzgada y finalmente condenada como partícipe a título lucrativo.

El informe lo acabó en 2011 y tras entregárselo a sus superiores, estos lo guardaron más de un año, hasta febrero o marzo de 2012, cuando el juez lo reclamó. EFE