La Comisión Europea ha decidido emprender acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España y otros seis países de la UE por incumplir la trasposición de una directiva europea para proteger a las infraestructuras críticas (aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, autopistas...) en un contexto de alarmante incremento de amenazas.
La Directiva REC exige que los Estados miembros realicen evaluaciones de riesgos de forma regular para identificar las entidades críticas en sectores estratégicos como energía, transporte, salud, agua, banca e infraestructuras digitales. Obliga también a que estas entidades adopten medidas de protección y resiliencia para asegurar que los servicios puedan continuar funcionando en situaciones de amenaza, tales como inundaciones, atentados terroristas, ciberataques, infiltraciones delictivas o sabotaje. En 2024, por ejemplo, España sufrió más de 100.00 ciberataques en 2024 y uno de cada tres fue considerado “muy grave”, según advirtió en mayo de 2025 el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
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El marco de la Directiva REC se inserta dentro de la estrategia que Bruselas anunció para aumentar la capacidad del bloque frente a perturbaciones sistémicas y para asegurar la prestación ininterrumpida de servicios esenciales. El pasado 10 de marzo, organizaciones de ingenieros en España publicaron un manifiesto en el que exigieron una mayor colaboración entre administraciones públicas, expertos y empresas.
Deberes pendientes en la recogida de aguas residuales
La Comisión Europea también planea llevar a España a los tribunales por incumplir varias obligaciones en materia de recogida, tratamiento y control de las aguas residuales urbanas. Bruselas ha advertido que las aguas no tratadas pueden poner en peligro la salud humana y contaminar los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y subterráneas.
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Una de las novedades de la última directiva aprobada es la obligación de los sectores afectados de asumir al menos el 80% de los costes de implementación del tratamiento cuaternario (eliminar metales pesados, productos farmacéuticos o compuestos orgánicos persistentes) en las estaciones depuradoras, mientras que el otro 20% podría ser asumido por el Estado. También obliga a la administración pública a disponer de sistemas colectores, encargados de transportar las aguas residuales y pluviales a las depuradoras, en todas las aglomeraciones urbanas de al menos 2.000 habitantes.
En este sentido, la Comisión denuncia que en 52 zonas urbanas de España no se controla si los vertidos de las plantas de tratamiento cumplen con esta normativa; y en hasta una veintena de urbes no existe un control sobre si cuentan con sistemas de recogida de aguas residuales o si se usan sistemas individuales, que ofrezcan la misma protección ambiental.
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