El Congreso avanza en la reforma de Reglamento que contempla sanciones a diputados, tras la expulsión de uno de Vox

El Congreso avanza en la reforma del Reglamento que contempla sanciones para los diputados que incumplan las previsiones reglamentarias y planea retomar esta modificación después de que esta misma semana se haya expulsado del hemiciclo al diputado de Vox José María Sánchez por subir al estrado donde se sitúa la Mesa de la Cámara y encararse con una letrada y con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía como presidente.

Antes de Semana Santa, la Mesa de la Comisión de Reglamento, encargada de las reformas de las normas de la institución y donde tienen mayoría el PSOE y Sumar, ya inadmitió varias enmiendas del PP a la única modificación reglamentaria que está abierta en este momento.

El PP aprovechó parte de sus enmiendas para plantear cambios que trascendían los asuntos recogidos de reforma registrada por el PSOE y que, además de fijar un régimen sancionador para sus señorías, regula sus relación con los grupos de interés. Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE y Sumar las inadmitieron con el argumento de que eran ajenas al texto que se está tramitando.

El martes volverá a reunirse la Mesa de la Comisión de Reglamento previsiblemente para poner ya fecha a la ponencia en la que se debatirán las enmiendas presentadas a la reforma, que llevan registradas desde el pasado mes de noviembre. Se reactivará así la tramitación de una proposición de ley que los socialistas presentaron hace ya casi un año.

SI VULNERAN EL REGLAMENTO O EL CÓDIGO ÉTICO

La norma prevé que se pueda actuar contra los diputados o grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones que fijan el Reglamento y el Código de Conducta de las Cortes Generales y, en particular contra quienes no presenten las declaraciones de bienes, actividades intereses económicos, omitan información en las mismas o consignen datos falsos.

Los incumplimientos o infracciones podrán ser denunciados por un grupo parlamentario, la Mesa del Congreso o una comisión o la Secretaría General de la cámara ante la Comisión del Estatutos de los Diputados, que decidirá si abre o no procedimiento. Si opta por no abrirlo deberá informar a la Mesa del Congreso, que tendrá un mes para revocar la decisión.

Si ve motivos para investigar, tendrá que dar audiencia al denunciado, practicar las pruebas pertinentes y concluir su instrucción en el plazo máximo de cuatro meses. En función de la gravedad de los hechos, podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida hasta la retirada de cargos y complementos salariales.

La decisión final sobre la sanción la adoptará el Pleno del Congreso, de optarse por la más fuerte, un diputado podría quedarse solo cobrando su asignación constitucional.

ERC Y BILDU QUIEREN LIMITAR PUERTAS GIRATORIAS

Este régimen sancionador no fue objeto de enmiendas relevantes, pero los grupos sí plantean cambios en los puntos relativos a la regulación de los grupos de interés. Por ejemplo, ERC y Bildu defienden que los ex altos del Gobierno y los exdiputados y exsenadores no puedan actuar en representación de grupos de interés en el Congreso hasta que hayan cumplido cuatro años fuera de esos puestos y plantean esta medida como un modo de evitar las llamadas "puertas giratorias" entre el sector público y el privado.

La iniciativa del PSOE recoge que quien haya sido miembro de las Cortes o haya tenido un alto cargo gubernamental tendrá vetada esta actividad durante los dos primeros años de su salida de ese puesto. Pero ERC y Bildu consideran insuficiente ese lapso temporal y apuestan por doblarlo.

Según explican en su enmienda, recogida por Europa Press, de esta forma se refozarán "las garantías de integridad y se prevén posibles conflictos de interés", se asegura un "marco más ético y transparente en la relación entre el sector público y los grupos de interés", se da respuesta a la demanda ciudadana para evitar las "puertas giratorias" y se avanza en las recomendaciones internacionales en materia de buen gobierno y lucha contra la corrupción.

TODAS LAS PERSONAS INFLUENCIABLES

Por su parte, el PNV no cuestiona los dos años que figuran en la iniciativa del PSOE pero sí quiere ampliar el espectro de quienes no podrán hacer lobby en el Congreso a todo el "personal público subceptible de influencia", según el proyecto de ley que regula la actuación de los grupos de interés que el Congreso tiene congelado desde hace meses.

En concreto, el artículo 3 de esa Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, considera influenciables a miembros de los gabinetes que prestan funciones de confianza o asesoramiento especial al Gobierno así como al personal directivo público y al resto del personal de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participe en la toma de decisiones públicas, en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas.

Es decir, los nacionalistas vascos quieren vetar la actividad lobista en el Congreso a todos los citados además a los exdiputados y exsenadores durante los dos años siguientes a su salida de esos cargos.

Por su parte, el PP ha registrado una enmienda dedicada a los exdiputados que realicen actividades de representación de intereses o de representación de carácter general directamente relacionadas con el proceso de decisión del Congreso.

Lo que reclaman es que tengan que informar de esta actividad a la Cámara y que no se puedan beneficiar, "a los exclusivos efectos de la actividad de influencia" y durante el periodo en el que la ejerzan, de "las prerrogativas concedidas a los antiguos diputados de conformidad con la normativa establecida al efecto por la Mesa y sin perjuicio de lo establecido en el periodo de incompatibilidad".

DEJAR FUERA AL TEJIDO ASOCIATIVO SIN ÁNIMO DE LUCRO

De su lado, Junts ha enmendado esta reforma del reglamento para, entre otras cosas, dejar claro que la actividad de influencia que pretende regular en el ámbito parlamentario debe realizarse "de manera profesional".

También PNV, ERC, Bildu y BNG buscan afinar la proposición de ley para dejar a las entidades del tejido social y asociativo sin ánimo de lucro fuera de esta regulación, de manera que puedan mantener contactos con grupos parlamentarios sin necesidad de inscribirse en el Registro de lobbies que se quiere crear.