Cádiz, 15 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Cádiz a un empresario como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, tras una investigación que destapó la explotación laboral de empleados extranjeros en establecimientos de comida rápida de tipo kebab.
La actuación, enmarcada en la denominada Operación Naturke, fue desarrollada por agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real, según ha informado la Policía Nacional.
La investigación comenzó el pasado enero tras varias inspecciones realizadas junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cuatro locales situados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos propiedad del arrestado.
Durante esas inspecciones fueron localizados cinco ciudadanos pakistaníes en situación irregular que trabajaban en los establecimientos, por lo que fueron detenidos por infracción de la Ley de Extranjería y se tramitaron los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.
Según la investigación policial, los trabajadores estaban sometidos a condiciones de explotación laboral, con jornadas abusivas sin días de descanso, vigilancia constante mediante cámaras instaladas en los locales, insultos, amenazas y salarios inferiores a los legalmente establecidos.
El empresario se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de los empleados, que carecían de permiso de residencia y trabajo en España, según la fuente.
Además, la Policía investiga al detenido por presuntamente facilitar la inmigración irregular mediante el empadronamiento ficticio de extranjeros en inmuebles vinculados a su propiedad.
En total, se detectó que 34 ciudadanos extranjeros figuraban empadronados, entre activos e históricos, en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin residir realmente en ellas.
Según los investigadores, esta práctica tenía como finalidad favorecer el arraigo necesario para la regularización administrativa de los extranjeros, presuntamente a cambio de dinero o mediante su explotación laboral en los negocios del arrestado.
La Policía también constató que algunos extranjeros en situación regular figuraban dados de alta en la Seguridad Social en las empresas del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva, mientras otros en situación irregular trabajaban sin estar dados de alta.
Las cantidades presuntamente exigidas por el empresario para facilitar el arraigo en España y ofrecer un contrato de trabajo oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros, según la investigación.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. EFE
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