La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Un empresario de la provincia de Cádiz, propietario de varios locales de comida rápida tipo kebab, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto responsable de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación comenzó a raíz de varias inspecciones realizadas desde enero en cuatro establecimientos ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos gestionados por el mismo empresario.

La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevaron a cabo inspecciones en los locales de kebab de los cuatro municipios, y durante estos controles los agentes localizaron a cuatro ciudadanos de origen pakistaní que trabajaban allí a pesar de encontrarse en situación administrativa irregular. Los trabajadores también fueron arrestados, en su caso por infracción de la Ley de Extranjería, y se tramitaron los expedientes sancionadores de expulsión correspondientes.

Condiciones laborales abusivas y empadronamientos ficticios

De acuerdo con información recogida por la Comisaría Provincial, la investigación ha permitido acreditar que los empleados trabajaban sometidos a condiciones laborales abusivas, como la obligación de realizar jornadas de trabajo prolongadas sin días de descanso, la existencia de un control permanente mediante cámaras instaladas en los locales, así como insultos y amenazas continuas. Además, los salarios que recibían eran significativamente inferiores a los establecidos por la ley, aprovechando el empresario la situación de vulnerabilidad de los trabajadores al carecer de permiso de residencia y de trabajo en España.

En paralelo a la investigación por explotación laboral, la policía ha detectado que el empresario favorecía la inmigración irregular a través del empadronamiento ficticio de ciudadanos extranjeros. En total, 34 personas aparecían empadronadas, tanto en activo como en histórico, en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin que residieran realmente en ellas. Esta práctica tenía como finalidad facilitar el arraigo necesario para la regularización administrativa de los extranjeros, ya fuera a cambio de dinero o mediante su incorporación laboral en los negocios del detenido.

Los agentes también han constatado que, en algunos casos, ciudadanos extranjeros en situación regular figuraban dados de alta en la Seguridad Social en las empresas del empresario sin desempeñar actividad laboral efectiva. Por el contrario, otros trabajadores en situación irregular desarrollaban tareas en los locales sin estar dados de alta, lo que supone una infracción de la normativa vigente en materia de Seguridad Social y empleo.

El empresario, además, exigía a los migrantes - en situación irregular - el pago de entre 6.000 y 8.000 euros a cambio de facilitar su empadronamiento, el arraigo en España y un contrato de trabajo con el objetivo de regularizar su situación administrativa.

La operación, denominada ‘Naturke’, ha corrido a cargo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real. Por el momento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones relacionadas con los hechos.

La Policía Nacional ha destacado que el caso pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas migrantes en situación irregular, que pueden verse sometidas a explotación laboral y a prácticas que dificultan el acceso a derechos básicos. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre este tipo de delitos y han reforzado la colaboración con la Inspección de Trabajo para detectar situaciones similares en otros ámbitos y sectores de la provincia.