La jornada de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado ya es oficial. El BOE publica este miércoles la resolución con la que el Gobierno despliega el acuerdo firmado a finales de marzo con CCOO, UGT y CSIF, una medida que reduce en dos horas y media la jornada semanal respecto al esquema anterior de 37 horas y media y abre ahora un periodo de adaptación interna en ministerios, organismos y entidades dependientes del Estado.
La resolución entra en vigor este jueves 16 de abril, aunque concede un mes de plazo para adaptar los calendarios laborales en cada organismo. La reducción afecta a la Administración General del Estado, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a organismos autónomos y a otras entidades públicas dependientes de la administración central, mientras que quedan fuera el personal militar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Menos horas y nuevo reparto diario
El cambio principal es que la jornada ordinaria pasa a equivaler a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo, frente al cómputo anterior de 37 horas y media semanales. En la práctica, el horario fijo de mañana deja de extenderse hasta las 14:30 horas y pasa a terminar a las 14:00 horas, de modo que el resto del tiempo semanal deberá completarse dentro de los márgenes de flexibilidad ya previstos.
La resolución establece que ese tiempo flexible podrá realizarse entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves, además del tramo de 14:30 a 15:30 horas los viernes. En las jornadas de mañana y tarde, el horario fijo también se reduce y pasa a finalizar a las 16.30 horas, media hora antes que hasta ahora.
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Un compromiso pendiente desde 2022
La reducción de jornada figuraba ya en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, pero había quedado pendiente de desarrollo en la Administración central, que seguía manteniendo una jornada superior a la de buena parte del empleo público autonómico y local. En muchas comunidades autónomas y en numerosos ayuntamientos las 35 horas ya estaban implantadas desde hace años, una diferencia que los sindicatos venían denunciando como un agravio dentro del propio sector público.
El acuerdo definitivo llegó el pasado 27 de marzo, cuando Función Pública cerró con CCOO, UGT y CSIF el texto que ahora se traslada al BOE. Según las cifras manejadas por el ministerio y los sindicatos, la medida alcanza a entre 220.000 y casi 250.000 empleados públicos, según el alcance de cada organismo incluido.
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Qué pasa con quienes tienen jornadas más largas
La resolución también modifica la situación del personal con régimen de especial dedicación, una modalidad que afecta a determinados puestos con mayor nivel de responsabilidad o disponibilidad horaria y que hasta ahora tenían jornadas de 40 horas semanales. Con el nuevo cambio, ese colectivo pasará a trabajar 37 horas y media, aunque seguirá manteniendo una jornada superior a la ordinaria.
Además, se amplían algunos supuestos de flexibilidad horaria vinculados a la conciliación. A los casos ya existentes de cuidado de hijos menores de 12 años, personas mayores o familiares con enfermedad grave se suma ahora el cuidado de personas dependientes convivientes, incluso cuando no exista parentesco directo.
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Adaptación progresiva en servicios con turnos
El texto subraya que cada departamento deberá reorganizar turnos, plantillas y horarios para garantizar que la reducción de jornada no afecte al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o trabajo por turnos.
En ámbitos específicos como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios en Ceuta y Melilla, donde los horarios tienen características propias, la aplicación requerirá además negociación específica para ajustar el nuevo marco al funcionamiento de cada centro.
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