Bolaños anuncia la transposición de un mandato europeo para evitar las "demandas abusivas" a periodistas y activistas

El Gobierno ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para la transposición de la directiva europea conocida como 'Anti-SLAPP', que "está destinada a proteger a quienes participan en el debate público, como los periodistas o los activistas, frente a demandas abusivas o manifiestamente infundadas".

Así lo ha comunicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha defendido que la norma pretende evitar "persecuciones judiciales, con demandas infundadas, con la finalidad de evitar que puedan desarrollar su tarea".

"Se trata de evitar conductas intimidatorias a periodistas y a activistas de derechos humanos que se materializan con la interposición infundada de demandas civiles abocadas a la desestimación pero que, por el camino, tratan de restringir, de limitar, de impedir la tarea de estos profesionales", ha declarado.

El ministro ha manifestado que, "afortunadamente en España, esto no sucede con demasiada frecuencia", pero existen "litigios transfronterizos", de ahí que lo que se pretende es que las asociaciones, organizaciones, sindicatos y otras entidades "puedan ser parte en procedimientos judiciales", junto con la persona demandada, "para apoyarle, cubrirle y acompañarle".

Y ha añadido que "se exigirán cauciones mucho más elevadas a los demandantes para cubrir las eventuales costas que dé lugar a la desestimación de la demanda".

Además, ha dicho que se establecen "procedimientos muy ágiles de desestimación temprana de la demanda cuando sea manifiestamente infundada", de tal manera que "en pocas semanas se pueda resolver".

Para la transposición de esta directiva, Bolaños ha explicado que pretenden aprobar una ley ordinaria "que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional" y otra que modificará "la Ley Orgánica del Poder Judicial".

LAS PRUEBAS DIGITALES, "FUNDAMENTALES"

Por otro lado, el ministro también ha anunciado que se ha aprobado una reforma para la transposición de un reglamento europeo para "poder actuar con rapidez, con agilidad, con eficacia para impedir que se pierdan" las pruebas digitales en procedimientos judiciales, "sobre todo transfronterizas".

"Hablamos de crimen organizado, de mafias que actúan en distintos países simultáneamente. Esas investigaciones judiciales, esas investigaciones penales, buena parte de ellas dependen de pruebas digitales" que, a juicio de Bolaños, son "fundamentales".

Según el ministro, la ley española, cuando se transponga, crea dos nuevas órdenes europeas de orden transfronterizo: la primera, que es "para entregar las pruebas digitales que se han obtenido en un país diferente de la Unión Europea"; y la segunda, "para advertir a una tecnológica, a una compañía que conserve esos datos".

Lo novedoso, ha continuado, es que, "por primera vez", se permite que los jueces nacionales, también los fiscales nacionales, y "en condiciones de extrema urgencia" la policía judicial, "acudan y soliciten directamente a la tecnológica" la conservación o la entrega de la prueba.

Los prestadores de servicios tendrán un plazo de hasta diez días, pero que podría llegar a ser de cuatro horas, ha asegurado el ministro, y ha explicado que la norma "aplicará cuando el delito y las pruebas se soliciten entre diferentes países de la Unión".