El Gobierno ha firmado este martes, 14 de abril —el 95.º aniversario de la Segunda República— la resolución que abre la puerta a la disolición de la Fundación Francisco Franco, creada en 1976 para preservar la memoria del dictador. Se trata del último trámite administrativo previo a su extinción, cuya decisión depende de un juez.
De este modo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez solicitará de forma “inminente” su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa vigente sobre fundaciones, tras dar por concluido el proceso administrativo. Así lo ha anunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, este martes, quien ha defendido que el expediente remitido a la Justicia es “sólido” y está jurídicamente fundamentado.
“Vamos a enviar al juez un expediente que demuestra que la Fundación debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas”, ha señalado Urtasun en rueda de prensa convocada precisamente para anunciar los avances del procedimiento. “En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura. Hoy el Gobierno de España lanza un mensaje importante: que en España la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”, ha añadido.
Un proceso que ha durado dos años
En abril de 2024, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que iba a extinguir dicha fundación. “Nosotros no ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla. Esta Fundación rememora y vanagloria a alguien que no tiene ningún sentido en una democracia”, dijo durante una entrevista en Cadena SER.
Tres meses más tarde empezaron los trámites, cuando el Ministerio de Cultura comenzó a recopilar información a través del Protectorado Estatal de Fundaciones. A partir de ese momento, se solicitaron informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como a la Abogacía del Estado y a expertos en derecho constitucional, con el fin de determinar si concurrían causas legales para su extinción.
Además, los informes analizan los contenidos difundidos por la entidad, especialmente en su página web y en sus comunicaciones públicas, donde se detecta un discurso sistemático de glorificación del régimen franquista. Según estas conclusiones, la fundación articula un relato que mezcla memoria familiar, nacionalismo y mitificación histórica para exaltar la dictadura y deslegitimar a quienes sufrieron la represión.
Los documentos concluyen que la fundación no solo no persigue fines de interés general, como exige la ley, sino que desarrolla actividades contrarias al mismo. La fundación realiza apología del franquismo, ensalza el golpe de Estado y la dictadura, enaltece a sus dirigentes, y particularmente a Francisco Franco, y además lo hace con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo”, recoge el cartera ministerial.
Con la firma de la resolución, el Ministerio de Cultura culmina el proceso previo y traslada el caso a la Abogacía General del Estado, que será la encargada de formalizar la demanda ante los tribunales.
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